EFE.- El Ministerio Público de Trabajo de Brasil precisó que el acuerdo judicial firmado ayer en el Tribunal Superior del Trabajo por representantes de los trabajadores y de las compañías beneficiará a 1.058 empleados y sus dependientes.
Los afectados, extrabajadores que han sufrido graves secuelas de salud debido a la exposición a toxinas, serán indemnizados con 170 millones de reales (unos 85 millones de dólares).
Además, también tendrán garantizada la atención médica y odontológica integral de forma vitalicia, según un comunicado.
Otras 84 personas se podrán acoger al acuerdo si cancelan las acciones legales individuales que habían interpuesto en el plazo de 60 días, lo que incrementaría el desembolso de las empresas en 30 millones de reales (unos 15 millones de dólares).
Asimismo, el acuerdo prevé una indemnización por daño moral colectivo de 200 millones de reales (unos 100 millones de dólares) que se destinará a entidades con programas de prevención y cuidados de víctimas de intoxicación o enfermedades causadas por exposición a sustancias tóxicas.
El procurador general de Trabajo, Luís Camargo, dijo que el acuerdo supuso una victoria social.
"El objetivo principal fue alcanzado: la garantía de asistencia médica y odontológica integral y vitalicia para los trabajadores. También establecimos un marco, situaciones como estas no pueden quedar sin punición", declaró.
El acuerdo alcanzado ayer busca compensar a los afectados de una fábrica de pesticidas que operó en la localidad de Paulinia (Sao Paulo) entre 1977 y el 2002, que fue vendida por Shell en 1995 y comprada por BASF en el año 2000, dos años antes de clausurarla.
Cerca de mil empleados exigieron indemnizaciones por los daños sufridos por la contaminación de la fábrica, que afectó también al suelo y la capa freática de la región.
A decenas de exempleados les diagnosticaron distintos tipos de cáncer, especialmente de próstata o de tiroides, enfermedades del aparato circulatorio, hepáticas e intestinales, además de alteraciones en la fertilidad e impotencia sexual.
BASF y Shell fueron condenadas en agosto de 2010 pero el caso se ha alargado por varios recursos.