La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha denunciado que Azucarera, filial de la británica British Sugar, sigue infringiendo el Reglamento europeo de la Organización Común de Mercado (OCM) para cuadrar sus cuentas de resultados a costa de los remolacheros españoles. Dicho reglamento establece que las condiciones de compra han de regirse por acuerdos interprofesionales escritos previos a la formalización de los contratos de compraventa de remolacha, algo que no se está dando en la actualidad.
Esta situación favorece a Azucarera, que prefiere tener al campo fragmentado y desunido porque le permite imponer sus condiciones en los contratos de remolacha, algo que precisamente el Reglamento Europeo pretende evitar. Es la propia Comisión Europea la que reconoce que “corresponde a las autoridades de los Estados Miembros decidir sobre las medidas que deben adoptarse para hacer frente a esta situación”, por lo COAG exige que las distintas administraciones actúen ya para corregir esta ilegalidad.
La ausencia de AMI ha permitido estos años introducir cláusulas desleales y abusivas en los contratos que incumplen la Ley de la Cadena Alimentaria en un claro abuso de poder. Estas imposiciones permiten a Azucarera pagar por debajo de los costes de producción “vendiendo” las ayudas como parte del precio ofertado, algo prohibido por la legislación. Todas estas prácticas, que ya están denunciadas ante la AICA, son una fuente de inseguridad y de malestar que han causado el descenso de un 20% de la superficie desde 2018.
Este desequilibrio es evidente también en el momento actual del mercado, ya que el diferencial de precio entre el azúcar vendido en España está en máximos frente a la media del mercado europeo. Por ejemplo, en diciembre el precio de la zona 3, donde España es uno de los mercados más importantes, fue de 512 €/t frente a los 422 €/t en el conjunto de la UE. Esto le permite a Azucarera mejorar sus resultados a costa del sector remolachero, ya que es el precio europeo el que sirve para calcular el pago por la remolacha.
De esta forma, Azucarera ha hecho recaer sobre el sector remolachero gran parte del ajuste de la crisis estos años, mientras que los agricultores se beneficiarán poco de la recuperación comparativamente; y eso a pesar de que, según un estudio publicado por la Comisión Europea, los mayores costes del azúcar en España nunca se ha debido tanto al precio de la remolacha (incluso cuando había Acuerdo Marco Interprofesional), sino a los mayores costes por tonelada de la industria en el procesado del azúcar, que a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de países, no han dejado de aumentar estos últimos años.
JAVIER BRIÑAS, NUEVO RESPONSABLE DEL SECTOR REMOLACHERO DE COAG
Por otra parte, el sector de remolacha de COAG ha elegido al agricultor alavés, Javier Briñas, como responsable estatal del sector para los próximos cuatro años. Briñas, agricultor con una explotación dedicada al cultivo de remolacha y cereal, ha señalado la importancia de reforzar la negociación colectiva.
“Azucarerano solo incumple el reglamento europeo, sino que quiere las ayudas de la PAC, pero no sus normas, así que frente a los intentos de Azucarera de dividir al sector, vamos a mantenernos unidos, exigiendo que se retomen los acuerdos interprofesionales previos a la formalización de los contratos, que en cualquier caso tendrán que cubrir los costes de producción”, ha señalado.