EFE.- "Estamos muy complacidos en haber llegado a este punto a tiempo", declaró Bill Campbell, representante australiano ante la Corte Internacional de Justicia, a la cadena local ABC.

   El jurista internacional aseguró que el Gobierno de Camberra "ha hecho un enorme esfuerzo para asegurarse de que se hará lo mejor" en este caso, aunque no desveló los puntos fuertes de la argumentación que ha preparado para las vistas.

   Australia presentó en 2010 una demanda ante el máximo órgano judicial de la ONU al considerar que el programa científico de Japón en la Antártida, a través del cual justifica la captura de cetáceos, esconde fines comerciales y viola las convenciones internacionales y las obligaciones de preservar el hábitat marino.

   Campbell señaló que Japón usa en su programa científico el mismo tipo de barcos y tripulación utilizados en las antiguas actividades comerciales de caza de ballenas cuando aún estaban permitidas.

   El agente australiano subrayó que la cuota de captura de cetáceos en la Antártida, que incluye la pesca anual de 935 ballenas "minke", tiene "niveles comerciales" al recordar que varios productos que utilizan estos mamíferos como materia prima se venden en los mercados nipones.

   En los restaurantes japoneses, por ejemplo, se continúa ofertando carne de ballena, aunque su consumo ha caído con fuerza desde las 230.000 toneladas que se consumieron en 1962 hasta las 4.200 toneladas de consumo estimadas en 2009.

   Japón abandonó la caza de ballenas en 1986 por una moratoria internacional, pero la retomó un año después bajo un programa con fines científicos autorizado por la comisión ballenera, a pesar del escepticismo de muchas asociaciones y países.

   Japón, uno de los principales socios de Australia, argumenta que su caza anual de ballenas es legal bajo el artículo 8 de la Convención Internacional para la Regulación de Caza de Ballena, que permite a los gobiernos la captura de cetáceos con fines científicos.

   "Japón está obedeciendo estrictamente esa convención", indicó Nori Shikata, portavoz japonés en el Tribunal Internacional para este caso, a la ABC.

   Las audiencias públicas en el Tribunal de La Haya, cuyo inicio está previsto para las 8.00 GMT y que se celebrarán hasta el 16 de julio, incluirán la "intervención" de Nueva Zelanda a favor de la demanda australiana.

   La Corte Internacional de Justicia tiene previsto emitir su fallo a finales de este año, sin derecho a la apelación, por lo que las audiencias orales suponen el último esfuerzo de las partes para defender sus posiciones.

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