En este sentido, la directora general de Ganadería de Asturias, Rosa Urdiales, ha propuesto acordar una definición que ayude a redistribuir las ayudas de manera más justa, en Asturias y en España. El cambio conllevaría disponer de más dinero para repartir entre quienes, según los nuevos criterios, estarían considerados realmente agricultores y ganaderos. Fuentes del Principado consideran que la premisa para lograr esa reasignación más equilibrada de los fondos sería eliminar del sistema a quienes no mantienen actividad o ya reciben otro tipo de prestaciones por haber alcanzado la edad de jubilación y haberse dado de baja en la actividad agraria.
Las organizaciones agrarias, ASAJA, UCA y COAG, reclaman que las los pagos de la PAC sean para agricultores y ganaderos "reales", dado que en Asturias, el cinco por ciento de las ayudas (alrededor de 2,8 millones de euros anuales) corresponden a 1.589 personas mayores de 65 años, muchas de las cuales, en teoría están jubiladas o ya no realizan actividades agrícolas pero mantienen la subvención en base a los derechos históricos en los que se fundamenta la PAC desde 2006, relativos a producciones que se remontan a 2002.
El rescate de parte de esos fondos, permitiría, por ejemplo, crear un fondo de reserva específico para ayudar a los jóvenes que se incorporan a la actividad agraria.
En España el porcentaje de mayores de 65 años que tienen ayudas de la PAC, se dispara hasta el 40,7 por ciento de las 822.873 personas físicas con subvencios agrarias europeas. Son 33.851 beneficiarios que se llevan 1.112 millones de euros anuales sobre 3.843 millones, casi el 30 por ciento del presupuesto anual de la PAC, que se completa hasta 5.405 millones con las partidas correspondientes a personas jurídicas y sociedades.