EFE.- Álvarez así lo ha manifestado durante su comparecencia en la Comisión de Agroganadería de la Junta General para informar sobre el cumplimiento de la resolución 48/IX, de 15 de marzo de 2013, sobre acotamientos al pastoreo, a la que se ha referido como de «cumplimiento poco menos que imposible» por incurrir en «error en el planteamiento».

Ha explicado que la Consejería está «intentando trabajar en el espíritu» de las propuestas planteadas por los grupos políticos en el Parlamento regional, si bien ha incidido en que es preciso «aquilatar el problema».

La titular de Agroganadería, que ha sostenido que «modificar la ley no es la solución en este momento», ha apostado por «mejorar el procedimiento administrativo» que permita rebajar a menos de un año el plazo de levantamiento de la prohibición del pastoreo cuando se den de «forma segura» las circunstancias adecuadas.

Entre los datos facilitados, ha cifrado en el 0,82 por ciento la superficie dedicada al pasto acotada, y ha admitido que las sanciones previstas por posibles infracciones en caso de reincidencia oscilan entre 1.000 y 100.000 euros de multa, aunque en Asturias no se han producido sanciones de estas cuantías.

El portavoz de Agroganadería de Foro, Juan Ramón Campo, ha afirmado que la consejera deja «clara la intención de no proceder al cumplimiento de la resolución» de la Cámara, para lo que «busca disculpas» como la «normativa nacional».

En su opinión, la sanción contemplada para los propietarios de reses cuando éstas invadan la zona acotada al pastoreo tiene carácter grave y «únicamente cuando sea recurrida será rebajada a leve».

La parlamentaria del PP Victoria Delgado, que ha exigido al Gobierno regional que adopte «todas las medidas a su alcance» para poder cumplir una resolución que «no está cumplida», ha abogado porque, «desde el ámbito competencial» del Principado se adopten medidas sin el riesgo de «incurrir en inseguridad legal».

A juicio del diputado de IU Aurelio Martín es «muy difícil» que una ley regional pueda «permitir un acotamiento al pastoreo por un periodo de tiempo inferior a un año, y ha señalado como un «avance» que los acotamientos «se contabilicen a partir del momento en el que se produce el incendio».

Marcelino Marcos Lindez, del Grupo Parlamentario Socialista, ha incidido en que el periodo de acotación al pastoreo parte de «una ley básica que condiciona la normativa autonómica», y ha agregado que le consta que el Ejecutivo central trabaja en la revisión de la misma.

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