ASAJA-Andalucía ha reiterado su apoyo a la proposición de ley (PDL) de mejora de ordenación de las zonas de regadío del Condado de Huelva en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado y exige al Gobierno «que deje de atacar a los agricultores y cumpla con sus obligaciones».

La patronal recuerda que la ley no supone una ampliación de los regadíos y sí la subsanación del daño ocasionado por los errores contenidos en el Plan de la Corona Norte y la Ley Forestal de Andalucía.

La organización agraria ASAJA-Andalucía, la más representativa de la comunidad autónoma, vuelve a hacer público su apoyo a la PDL para la Mejora de la Ordenación de las Zonas Agrícolas del Condado de Huelva que se está desarrollando con el respaldo mayoritario del Parlamento de Andalucía.

«El texto va encaminado a hacer justicia y reparar el daño causado a cientos de familias de agricultores modificando el Plan de la Corona Norte de Doñana de 2014 y la Ley Forestal de Andalucía de 1992, especialmente la primera, que basada en una foto aérea de junio de 2004 y con una retroactividad de 10 años, provocó una situación de indefensión e inseguridad jurídica a miles de personas que vivían en el entorno del Espacio Natural y se ganaban la vida cultivando sus tierras. Cabe recordar que el Gobierno de Andalucía, ocupado entonces por el PSOE, ignoró más de 3.600 alegaciones y todavía hoy colean cientos de procedimientos administrativos y judiciales», aseguran en una nota.

Por otro lado, «y ante el baile de confusión desplegado por el Gobierno central con el aliento de ciertos grupos de presión, cabe aclarar también que las tierras objeto de regularización rondan las 750 hectáreas – y no miles, como han difundido- que, en cualquier caso, se regarían con agua superficial de un trasvase que aún no se ha ejecutado porque el Gobierno de España lleva desde 2018 incumpliendo la Ley que él mismo desarrolló y publicó. Por tanto, no ha lugar a que el Ejecutivo central siga hablando de reparto unilateral, puesto que hay que constituir la Comisión Técnica del Trasvase y la Junta Central de Usuarios con sus reglamentos y estatutos, tal y como indica la Ley del Trasvase, algo que se esfuerzan por ocultar a la opinión pública».

LA PROTECCIÓN DE DOÑANA Y SUS HUMEDALES

Del mismo modo critican que desde el Gobierno «eluden explicar cuál es el germen de la situación actual de los humedales de Doñana, afectados al igual que el resto de la Península Ibérica por una pertinaz sequía, pero también por la falta de aporte ocasionada por el incumplimiento –una vez más-, del Plan Doñana 2005. Este plan tenía como objetivo que las marismas recuperaran la dinámica que habían perdido tras las obras de contención necesarias tras el desastre de Aznalcóllar, con medidas esenciales como la recuperación del caño del Guadiamar o el Brazo de la Torre, pendientes de ejecutar. Este punto fue perfectamente explicado por el antiguo director de la Estación Biológica de Doñana, Javier Castroviejo, profundo conocedor de las dinámicas del parque».

Para ASAJA-Andalucía la PDL, junto a la llegada del trasvase, supone no sólo la viabilidad de los cultivos de la comarca, de otras actividades económicas y por supuesto, el garante del suministro para consumo humano, sino además el cierre de todos los pozos existentes en la zona y el blindaje definitivo del acuífero. «En definitiva, la protección de Doñana y sus humedales. Complementando el aporte del trasvase con otros recursos como las aguas que actualmente no se están depurando en varias estaciones de tratamiento de aguas residuales de la zona y que suponen 40 hm3, la sostenibilidad de los regadíos y el equilibrio entre economía y medio ambiente estaría garantizado, algo que el Gobierno central se empeña en ocultar cegado por sus intereses políticos».

Asimismo lamentan que «es esta actitud y no otra cosa lo que está dañando gravemente la reputación del sector del Condado de Huelva y más allá, “gracias” a la desinformación que de manera absolutamente irresponsable se está sembrando en los mercados, y que puede afectar a productores que están a decenas de kilómetros del entorno de Doñana».

A juicio de los responsables de ASAJA-Andalucía «es momento de dejar de lado esos intereses que nada tienen que ver ni con el bienestar de la sociedad ni con la conservación del Parque Nacional; explicar la realidad de la situación, afrontar cada quien sus respectivas responsabilidades, resolver los problemas provocados por el Plan de la Corona Norte, restaurar la paz social e impulsar la sostenibilidad de Doñana».