EFE.- Esta organización agraria, según se recoge en un comunicado que ha hecho público hoy, entiende que la defensa del modelo de la dehesa «debe imperar sobre los datos arrojados por los satélites» en la solicitud de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC).
Asaja ha señalado que la presencia de masas arboladas, generalmente encinas o robles, en la provincia de Salamanca constituyen una fuente de recursos naturales aprovechables por el ganado durante el pastoreo.
En algunos casos, esas encinas son centenarias cuyas copas alcanzan elevadas dimensiones, «lo que no impide el aprovechamiento del pasto que nace bajo esas ramas por parte de vacas, ovejas o cerdos, sino que crea un pasto alrededor de estos árboles que es muy apreciado por el ganado», han añadido las misma fuentes.
Esta organización entiende que si se quiere garantizar el futuro de la dehesa como ecosistema natural, «no se puede castigar al ganadero que posee núcleos de árboles jóvenes, generalmente con una mayor densidad por hectárea».
«Eliminar esas hectáreas mediante un coeficiente de admisibilidad equivale a una invitación a la eliminación de dichas encinas para clarear las explotaciones», ha proseguido Asaja.
El Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP) «simplificado» se aplica desde la campaña 2013 a los recintos Sigpac (Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas) y se basa en factores como la cobertura del suelo y la pendiente, al considerar que condicionan el pastoreo.
En Castilla y León sólo se ha utilizado el factor pendiente lo que ha hecho casi inapreciable el efecto de este coeficiente de admisibilidad en los 2013 y 2014.
Ahora el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) quiere utilizar la información que facilitan los satélites para cambiar el Coeficiente de Admisibilidad de Pastos utilizando una serie de factores.
En la actualidad, el Sigpac ya descuenta terrenos improductivos, caminos, charcas y edificios, pero si a ellos se añaden los existentes bajo las masas arboladas tal y como pretende el Magrama puede provocar que los ganaderos dispongan de derechos de pago básico con importes elevados, que a la larga pueden traducirse en pérdidas, ha concluido la organización agraria.