ASAJA .- Tras más de tres años instando al Ejecutivo a encontrar, de forma conjunta, una solución razonable y ecuánime al problema de la desaparición de las tarifas especiales de riego, el Gobierno, haciendo caso omiso “ningunea a los productores agrarios de los que tan solo está interesado en recaudar cuanto más mejor, y no sólo no resuelve el problema del encarecimiento de los costes energéticos sino que permite que éste se agrave aún más”.
Desde que en 2007 se anunciara la desaparición de las tarifas especiales de riego y la incorporación al denominado mercado libre (junio de 2008), ASAJA Murcia ha venido reclamando al Gobierno una solución pactada y sobre todo ecuánime que paliara las graves consecuencias que para la agricultura iba a tener ser el sector económico con mayor incremento de sus costes energéticos.
Precisamente, dada la magnitud del problema, este fue uno de los asuntos a los que el presidente del Gobierno se comprometió a dar solución en la reunión mantenida con el sector agrario en diciembre de 2009.
En todo momento, ASAJA Murcia ha reclamado en la mesa de negociación la necesidad de reconocer el carácter estacional del regadío y para ello propuso como solución que se cobrara solamente por la potencia usada (esto además de lógico suponía una considerable reducción de costes para los regantes).
Tras meses de trabajo e innumerables reuniones, se alcanzó un principio de acuerdo sobre el denominado contrato de temporada, que aunque no solucionaba en su totalidad el problema, resultaba necesario. Sin embargo, el Gobierno, pese a ser una propuesta suya, nunca llegó a poner en marcha los denominados contratos e interpelado recientemente sobre su futura publicación, ni confirma, ni desmiente.
Ante esta situación y en plena campaña de riegos, ASAJA Murcia ha reclamado la mediación de la ministra Rosa Aguilar para tratar de dar solución al problema. Sorprendentemente, la máxima responsable de las cuestiones relacionadas con el sector agrario, se inhibe en este asunto y señala al ministerio de Industria, Comercio y Turismo como “único competente en la materia”.
En este sentido, la ministra apela a la necesidad de buscar el ahorro energético con argumentos tan peregrinos como son la mejora de las infraestructuras hidráulicas (precisamente de su competencia) o la necesidad de que los productores realicen auditorias energéticas con el fin de disminuir la factura eléctrica.