EFE.- Así lo ha indicado en un comunicado en el que recuerda que, mientras el consumo de alcohol entre los jóvenes sube, el consumo de vino en España cae mas de un 40 %, situándonos entre los países europeos con menor consumo per cápita.

Asaja ha afirmado «compartir» el fin último del anteproyecto de Ley, que es prevenir el consumo de alcohol entre menores, pero defiende que el vino «debe tener un tratamiento diferenciado del resto de bebidas alcohólicas incluidas en la normativa que se prepara».

«Si se incluyera el vino en la nueva Ley se estaría entrando en absoluta contradicción con otra ley, actualmente en vigor, como es la de La Viña y el Vino aprobada por Parlamento en 2003, ha añadido.

Asaja, «al igual que el resto del sector productor e industrial vitivinícola, considera que las medidas que se proponen en el anteproyecto son absolutamente desproporcionadas e ineficaces», ha resaltado.

En su opinión, la prohibición de consumir alcohol por parte de los menores ya está recogida en la legislación y «si esa prohibición no se está cumpliendo, no parece que criminalizar el consumo de un producto como el vino vaya a solucionar el problema».

Según la organización, el aumento del consumo de alcohol entre nuestros jóvenes «no guarda ningún tipo de relación con el dramático descenso que se ha producido en el consumo del vino en España en los últimos 30 años».

Una Ley como la que se prepara, a su juicio, «sólo contribuiría a fomentar un mayor descenso del consumo de vino entre la población adulta, que en el caso del sector vitivinícola pondría en riesgo la supervivencia de los productores y una industria con importante peso en el PIB».

De aprobarse la nueva Ley en los términos planteados en este anteproyecto, el Gobierno incurriría en una doble contradicción, ha insistido.

Por un lado, con la Ley de la Viña y el Vino, que define el vino como alimento y reconoce la posibilidad de promocionar su consumo moderado, y «con lo manifestado por Rajoy, quien ha reconocido que el vino no puede estar en una ley de bebidas peligrosas» en declaraciones en Ciudad Real el 11 de febrero de 2007.

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