En este sentido, ASAJA de Castilla y León valora positivamente que en la medida de convergencia interior se limite a un 30 por ciento la reducción máxima que pueda sufrir un agricultor en sus ayudas, como valora positivamente la flexibilidad que se ha introducido para la puesta en marcha del conocido como “pago verde”. Respecto a los pagos acoplados, ASAJA considera que se debería de haber reservado para ellos un porcentaje mayor de fondos, ya que son el único instrumento que admite la nueva PAC para salir en auxilio de las producciones ganaderas y también de los cultivos más desprotegidos por las condiciones de los mercados, entre otros la remolacha o las legumbres.
Confía en que se profundice en la figura del agricultor activo
Para ASAJA de Castilla y León, “la cobardía de las instituciones europeas a la hora de definir la figura de agricultor activo genera un problema en comunidades como ésta, donde una parte muy importante de los fondos agrarios se van a manos de gente que no es profesional del campo”. ASAJA espera que se pueda profundizar en esta cuestión, por parte de la Junta y del ministerio de Agricultura, para que la mayor parte de las ayudas de la PAC lleguen a las explotaciones de quienes de verdad viven del campo, de quienes cotizan a la Seguridad Social como agricultores o ganaderos.
La supresión de los cupos lecheros, el desamparo en el que quedan las diferentes producciones ganaderas, la permanencia de las cuotas remolacheras únicamente hasta el 2017, los nulos apoyos a las políticas de mercados, el tímido apoyo a los jóvenes y la escasa profundización en políticas para afrontar crisis, centran las principales carencias de esta nueva PAC.
Por ello cree que más que nunca, esta nueva Política Agrícola Común “deja amplio margen a las autoridades nacionales para su puesta en marcha, por lo que ahora se abre un periodo en el que se debe de tener en cuenta la opinión de las organizaciones agrarias y en el que debe de haber voluntad de consenso entre el Ministerio y las comunidades autónomas”. Todo ello a la espera de que Bruselas publique los reglamentos de desarrollo de los acuerdos políticos, donde con frecuencia se suelen encontrar sorpresas, tal como advierte ASAJA.
Para UPA-COAG puede llegar a ser "lesiva"
También UPA-COAG de Castilla y León ha entrado a valorar los primeros datos de la PAC, señalando que en una primera valoración" calificamos como muy negativa la reforma aprobada puesto que penaliza a los profesionales del sector, y al modelo social y profesional de agricultura y ganadería que es estratégico en nuestra comunidad autónoma".
En su opinión, además de reducirse el presupuesto para la PAC y por lo tanto los fondos que llegarán a los estados miembros, se establece un nuevo sistema de pagos "que favorece a los que más hectáreas tienen y no a los que producen, y se aumentan las obligaciones para el cobro de las ayudas aplicando un falso `verdeo´ de la PAC".
Otro aspecto que no comparten es que se elimina el tope de ayudas por explotación para los grandes perceptores, favoreciendo una vez más a los que más cobran.
A expensas de conocer detalladamente los pormenores de dicho acuerdo, creen que "hay algunos sectores productivos importantes en la región como el vacuno de leche o el remolachero que salen muy perjudicados por la desaparición en los próximos años del sistema de cupos y cuotas que los regulan".
Para la coalición graria, la nueva reforma también deja `tocada´ a la ganadería que no tiene base territorial como es la de Castilla y León, y por lo tanto que no tiene hectáreas para activar las nuevas ayudas de la PAC. "Lejos de tener un tratamiento específico y preferencial la actividad ganadera vuelve a salir perjudicada".
Por otro lado la convergencia aprobada es excesiva puesto que se podrá desviar el 30% de las ayudas de los agricultores y ganaderos profesionales, y por lo tanto los que genera actividad, empleo y riqueza, hacia hectáreas no productivas. Respecto a los pagos acoplados, LA ALIANZA UPA-COAG siempre se ha posicionado a favor de que los estados miembros tuvieran máxima capacidad para reservar un porcentaje de fondos a favor de los sectores más desprotegidos. Planteamientos de ayudas similares en un alto porcentaje para todos los sectores, con distintas rentabilidades y costes de producción, pueden ser positivos en países centroeuropeos pero en nuestro país, y también en Castilla y León, "es sencillamente injusto y antisocial".
Además consideramos que la reducción presupuestaria "va a traer consigo una pérdida de competitividad, que sin duda afectará a los profesionales del sector agrario de nuestro país".