EFE.- En un comunicado, explicó ayer que la norma tiene como finalidad fundamental la adaptación a la realidad socioeconómica del campo, lo que supone la derogación de un número importante de leyes obsoletas.
Las organizaciones profesionales agrarias (OPAS) han participado activamente en su elaboración a través de las diversas convocatorias que ha hecho el Gobierno regional, según ASAJA, que ha apuntado que ellos han asistido a seis.
La densidad de la ley ha hecho necesario un minucioso trabajo por parte de los servicios técnicos de ASAJA, que han formulado 57 alegaciones.
A su juicio, la parte más comprometida, y quizás circunscrita al ámbito político, ha sido la referente al proceso electoral que medirá la representación de los agricultores y ganaderos.
Con independencia de los intereses particulares de cada uno, esta OPA ha considerado necesaria la articulación de un sistema de legitimación en el ámbito agrario.
Asimismo, ha solicitado ser consultada por el Comité Económico y Social (CES), dada la representación que ostenta, ya que es la organización con mayor representación en la provincia de Cáceres, para aportar una visión positiva de la ley.
El deseo de ASAJA es que este anteproyecto sea llevado a buen término en su fase final y que, con las aportaciones de los grupos políticos, salga una norma que haga posible mecanismos de funcionamiento más activos para temas como concentración parcelaria, regulación de caminos, organizaciones de productores y temas medioambientales.