Otro punto controvertido es el denominado "derecho de obtentor", por el cual el agricultor debería pagar regalías a las empresas biotecnológicas, entre ellas la multinacional Monsanto, al utilizar semillas patentadas por hasta veinte años.
En 2012 se presentó una primera versión del proyecto, al que se opusieron ambientalistas de todo el país y el pasado mayo se anunciaron cambios respecto de algunos de los aspectos cuestionados por las organizaciones.
"Del 2012 a hoy el anteproyecto agregó algunos puntos que favorece al pequeño productor pero en general sigue en el camino de privatización de las semillas", aseguraron a Efe fuentes de Amigos de la Tierra, una de las asociaciones convocantes.
Respecto de la versión anterior, el nuevo borrador de la ley incorpora artículos en relación a la protección de la agricultura familiar, pero, sin embargo, las asociaciones sostienen que continúa favoreciendo a las grandes corporaciones biotecnológicas.
"Esta es una ley redactada bajo la presión económica de transnacionales como Monsanto", afirmaron desde Amigos de la Tierra.
Las organizaciones que repudian la nueva ley de semillas trabajan en la recolección de firmas y llevan adelante una campaña pública de difusión para evitar que el anteproyecto llegue al debate en el Congreso argentino