La Ley de impulso a la producción ecológica y otras producciones agrarias, que aprobó el Gobierno andaluz en abril, ha iniciado este miércoles su tramitación parlamentaria con la comparecencia en la comisión de Agricultura del Parlamento de las organizaciones agrarias y agentes sociales, que han pedido mejoras en el texto.
En su comparecencia el director general de ASAJA Andalucía, Félix García de Leyaristy, ha instado a todos los grupos políticos a introducir enmiendas para evitar el «desequilibro con el que el texto actual trata a la producción integrada», un modelo con más de 53.000 agricultores que cultivan más de 524.000 hectáreas, según ha informado en un comunicado.
Ha valorado la sensibilidad de la Consejería de Agricultura de incluir a la producción integrada, si bien ha sostenido que hay que introducir algunas mejoras para «potenciar y promocionar este modelo de éxito que distingue a Andalucía».
«Mientras el debate sobre la sostenibilidad de la agricultura europea crece, Andalucía ya tiene una respuesta con nombre propio: la producción integrada», ha celebrado.
UNA LEY QUE «VAYA MÁS ALLÁ DE LA MERA PROMOCIÓN Y QUE REFUERCE EL APOYO ESTRUCTURAL, FINANCIERO Y COMERCIAL AL MODELO ECOLÓGICO, QUE IMPULSE INCENTIVOS DIRECTOS PARA PRODUCTORES”
En su intervención el vicesecretario general de Desarrollo Rural de UPA Andalucía, Roque García, ha defendido una Ley de impulso a la producción ecológica que «salvaguarde un modelo de agricultura y ganadería ecológicas que sea accesible, rentable, justa, sostenible y que defienda a los pequeños productores.
Ha expresado el compromiso de la UPA con la agricultura ecológica en Andalucía, pero ha reivindicado una Ley que «vaya más allá de la mera promoción» y que «refuerce el apoyo estructural, financiero y comercial al modelo ecológico, que impulse incentivos directos para productores; apueste por la simplificación administrativa; los priorice en compras públicas; facilite el acceso a innovación, certificación y formación; y contemple mecanismos de mercado que aseguren precios justos y estables”.
Rafa Gelo, secretario de Política Institucional de UGT Andalucía, ha señalado entre las deficiencias del texto el concepto de producción ecológica al equipararla con otras certificaciones menos exigentes, lo que “ha confundido al consumidor, ha debilitado la protección del modelo ecológico y ha generado competencia desleal en el mercado”.
«No puede servir para maquillar sino para transformar, proteger el consumidor y generar empleo de calidad en cada eslabón de la cadena agroalimentaria», ha defendido el dirigente sindical, según ha informado el sindicato en un comunicado.
Por su parte, Gonzalo Palomo, presidente de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología (SEAE), ha trasladado la visión y el análisis de esta entidad sobre el alcance de la futura ley.
«Desde SEAE agradecemos esta oportunidad de aportar e impulsar el reconocimiento de la agricultura ecológica, que lleva más de tres décadas de recorrido -a la par que nuestra entidad-, y posee regulación propia y una cadena de valor completa que llega hasta el consumidor final», ha destacado.
Esta sociedad considera esta intervención como «un paso importante» en la construcción de un marco normativo «sólido» para la agricultura ecológica en Andalucía.
«Desde SEAE subrayamos la necesidad de una legislación clara, diferenciada y ambiciosa, que impulse el desarrollo del sector sin diluir sus valores ni su trayectoria», ha indicado.