El Gobierno y las comunidades autónomas se reunirán en julio para decidir cómo se regula la PAC en España y cómo se aplican las nuevos criterios en las ayudas acordados esta semana en la Unión Europea.
El ministro ha afirmado que en Galicia, "al igual que en el resto" del país, el Gobierno intentará que los sectores agrarios perciban a partir de 2014 ayudas por importes "muy próximos a los actuales".
Arias Cañete ha precisado que, al hablar estrictamente de reparto de presupuestos de la PAC, las comunidades autónomas "no reciben dinero" para las subvenciones, que van directamente al productor, pero sí hay asignación por autonomías al hablar de los programas de desarrollo rural.
En cualquier caso, ha añadido, con la reforma de la PAC, los agricultores españoles tendrán un presupuesto de 35.700 millones de euros para los próximos siete años.
Asturias expresa sus "dudas" y pide "prudencia" ante el acuerdo
La consejera de Agroganadería, Ana González, ha expresado sus "dudas" respecto a la repercusión en Asturias de la PAC, por lo que ha optado por la "prudencia y la precaución", a la vez que ha reafirmado el compromiso del Principado de defender la viabilidad del modelo asturiano. González ha advertido de que "queda mucho por decidir y negociar" porque "todavía no se ha cerrado definitivamente el marco financiero plurianual" y "habrá que ver cuál es el resultado final".
De momento, ha dicho, "las cifras que están encima de la mesa suponen una disminución de los fondos", por lo que "no va a ser sencillo que el reparto se haga en condiciones de triunfalismo", a pesar de que el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, "estaba amuy contento".
La consejera ha insistido en que el Principado va a defender el modelo asturiano de carne y leche "con argumentos y datos. Estamos trabajando y a medida que se va conociendo con mayor precisión la aplicación de la PAC vamos extrapolando y haciendo las cuentas para defender nuestro modelo en todo momento: una ganadería de carne de leche que tiene que seguir produciendo y seguir siendo viable, y que necesita el apoyo de la PAC", ha explicado.
Por ello, ha señalado la necesidad de que la leche y la carne se declaren sectores sensibles, lo que garantizaría el acceso a una parte de los fondos, si bien el Principado apostará por que no sean muchos los sectores que sean incluidos en esta categoría. "Ayudas acopladas solo para los sectores que las necesitan, la leche y la carne sin ninguna duda", ha resumido al respecto.
La consejera también ha indicado la necesidad de que "se defina bien lo que es agricultor activo y lo que son pequeñas explotaciones" para darles un "tratamiento diferenciado", así como las zonas con limitaciones naturales, aquellas en las que la orografía "condiciona de manera muy importante la producción y por tanto la rentabilidad de las explotaciones".
La Rioja: es buena por incorpora aspectos irrenunciables al campo
El consejero de Agricultura del Gobierno de La Rioja, Íñigo Nagore, ha afirmado que el acuerdo es "bueno" porque considera que incorpora aspectos "irrenunciables" para el sector agrario español, en general, y riojano, en particular.
El consejero ha calificado de "satisfactorio" este acuerdo porque cree que ha supuesto "dar la vuelta" a una propuesta inicial, que ha calificado de "muy lesiva" para España, aunque ha dicho que hay "muchas cuestiones" que quedan pendientes para discutir sobre su aplicación entre los Estados.
Ha destacado también la "complejidad" en el funcionamiento de las instituciones comunitarias y, por ello, ha recalcado que, quien diga que este acuerdo es "muy malo", desconoce la forma de funcionar de estos organismos. También ha considerado "un logro" que se descarte la liberalización de las plantaciones de viñedo a partir del 2016 y se flexibilice el "pago verde".
Para el consejero riojano, en relación con las medidas que afectan al principal sector productivo de La Rioja, que es el viñedo, la buena noticia es que "queda descartada la liberalización absoluta de las plantaciones de viñedo y se establece un nuevo sistema de limitación de la producción basado en autorizaciones hasta el año 2030". En este sentido, ha indicado que se establece un periodo transitorio de validez para los derechos de plantación actuales de hasta cinco años, que es el comprendido entre 2016 y 2020.
Nagore ha precisado que hay cuestiones, como la cuota del azúcar, que se mantiene hasta 2017 en lugar de 2020, o la eliminación de las cuotas del sector lácteo a partir de 2015, y que cree que son cuestiones sobre las que habrá que estar pendiente a los reglamentos posteriores que las articulen.
El consejero ha precisado que la nueva PAC es un primer paso que abre un camino de negociación para su puesta en marcha en cada uno de los Estados miembros y que, a partir de ahora, el Ministerio y las comunidades autónomas deben ser capaces de consensuar cual será el modelo de aplicación en España.
CLM, satisfecha al recoger sus principales peticiones
El Gobierno de Castilla-La Mancha está muy satisfecho con el acuerdo porque recoge las principales medidas reclamadas por la comunidad autónoma, con especial importancia en el sector vitivinícola y el desarrollo rural, que se seguirá manteniendo el 75% de cofinanciación europea. Así lo ha manifestado la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, que ha calificado la reforma como muy favorable a los intereses de la región.
Soriano ha citado la supresión de la liberalización de los derechos de plantación del viñedo prevista para el año 2015, que era muy perjudicial para Castilla-La Mancha. Los derechos se van a mantener hasta 2030, aunque a partir de 2020 habrá un nuevo sistema de autorizaciones, ha precisado. Dentro del viñedo, también se ha felicitado porque se le considere como cultivo de valor ecológico y que se flexibilicen los requisitos medioambientales del pago por greening ("pago verde"), ya que al viñedo no se le exigirán condiciones ecológicas adicionales por el "componente verde" (así como al olivar, frutos secos, cítricos, frutales y arroz).
Por otra parte, Soriano ha indicado que verán se verán beneficiados con esta reforma unos 70.000 pequeños agricultores castellanomanchegos (que reciben menos de 1.250 euros al año en ayudas directas de la UE o que tienen menos de 10 hectáreas) que no van a estar sometidos a convergencias internas ni tampoco tienen que cumplir nuevos requisitos medioambientales para percibir ayudas del "pago verde".
Dentro de las diferentes medidas, la titular de Agricultura se ha referido a la importancia de que se mantenga la cofinanciación europea en un 75% en desarrollo rural.
En líneas generales, Soriano ha dicho que el acuerdo ofrece a los agricultores, a los ganaderos y a la industria agroalimentaria de Castilla-La Mancha un "horizonte estable" hasta 2020, para que puedan planificar su futuro en los próximos siete años. "Esta es la mejor reforma posible, sobre todo, partiendo de donde partíamos" ha defendido Soriano, quien ha expresado su agradecimiento tanto al Gobierno central como a todas las comunidades autónomas, porque "por primera vez hemos sabido ir unidos para defender al campo español".
Para CYL, habrá que esperar a la letra pequeña
La Junta de Castilla y León ha valorado la reforma que se aplicará en los próximos 7 años, aunque esperará a leer la "letra pequeña" antes de hacer un análisis más profundo.
En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo regional, José Antonio de Santiago-Juárez, ha explicado que la consejera de Agricultura, Silvia Clemente, ha dicho en la reunión semanal de la Junta que, "en general, las cosas parece que han quedado bien". No obstante, "hay que entrar en el detalle", y leer "primero la letra pequeña", ha sostenido el también consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León.
La Política Agrícola Común supone unos mil millones de euros en el presupuesto de Castilla y León, una buena parte de los 9.481,6 millones del conjunto de las Cuentas de la Comunidad para el 2013.
Se adaptará a la realidad de Extremadura
Tras la postuta mostrada por Extremadura (publicada en otra noticia de nuestra web) el Gobierno central ha asegurado que la PAC se adaptará a la "realidad agrícola y ganadera" de su territorio, según el presidente del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Fernando Miranda.
En una rueda de prensa en Badajoz, ha dicho que la reforma de la PAC, acordada en la Unión Europea, tendrá "muy en cuenta" en su aplicación cuál es la composición y diversidad de los cultivos de Extremadura, lo que se verá reflejado en la regionalización que debe hacer el Gobierno de España.
Todo ello "aparte de la parte presupuestaria, o de que Extremadura será la comunidad con mayor tasa de cofinanciación en desarrollo rural o con mayor dotación de fondos de cohesión", según el presidente del FEGA, organismo dependiente del Ministerio de Agricultura.
A su juicio, en ayudas directas o en desarrollo rural, España "sale ganando" con la reforma, pese a que el actual presupuesto comunitario haya bajado 90.000 millones de euros. Por ello, ha valorado el esfuerzo de la negociación realizada por el Estado.
Aragón valora la "flexibilidad" del acuerdo
El Gobierno de Aragón ha mostrado su satisfacción por la limitación de superficies que podrán generar derechos en 2015 y la incorporación de flexibilidad en la convergencia interna de cada región de pago que se defina. En un comunicado, el departamento aragonés de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente destaca el "buen trabajo" del Ministerio por la negociación llevada a término, "dado que ha logrado incorporar flexibilidad a la rígida propuesta inicial de la Comisión Europea, en aspectos clave para la agricultura mediterránea del sur de Europa".
La negociación entre el Ministerio y las 17 CCAA para la aplicación de la reforma en España está previsto que comience la primera semana de julio y en la misma Aragón defenderá como "línea roja" que no se produzcan transferencias de fondos o variaciones de pesos porcentuales en los repartos entre las comunidades.
Para ello, según el departamento aragonés, será clave el modelo de regionalización de pagos que planteará próximamente el Ministerio a nivel nacional para su debate, y que también será determinante en las transferencias de fondos vía convergencia entre sectores y agricultores;
Asimismo, en la negociación Aragón buscará el "mejor encaje posible" en la reforma para el sector ganadero que, en las condiciones productivas aragonesas y mediterráneas presenta una gran dificultad al ser un modelo de pagos basado exclusivamente en superficies. Es por ello, que la prioridad en el uso de las ayudas asociadas, deberá corresponder, en primer lugar, al sector ganadero extensivo, agrega.
Sobre desarrollo rural, otro punto clave para Aragón será negociar bien dentro del programa estatal o de los regionales la necesaria cofinanciación estatal en sectores estratégicos para la agricultura aragonesa, tal es el caso de los nuevos regadíos como elemento indispensable, en estos momentos, en la generación de empleo. También el refuerzo de las medidas de incorporación de jóvenes o agroindustria.
En término generales, el departamento aragonés ha mostrado "satisfacción" por la limitación de superficies que podrán generar derechos en 2015, tomando como referencia los 22,4 millones de hectáreas declaradas en las últimas campañas en España. Además, considera favorable la incorporación de flexibilidad en la convergencia interna de cada región de pago que se defina.