En su intervenció, Arias Cañete indicó que la nueva norma persigue "introducir la transparencia" con el objetivo de que el consumidor "esté informado" de lo que compra, además de "preservar el patrimonio genético de la raza ibérica" que atraviesa un "grave peligro al disminuir el número de ejemplares y madres reproductoras".
Asimismo, la nueva normativa abundará en que se pueda "controlar fácilmente las practicas de manejo" para que el producto "se corresponda a lo etiquetado".
El ministro reconoció que el "alto grado de consenso" que busca el Gobierno está siendo "enormemente difícil", por lo que se intentará elaborar una normativa que sea la "menos lesiva" para los territorio y "mantener la producción sin que se pueda perjudicar a nadie".
Además, Arias Cañete avanzó que un asunto prioritario de la nueva normativa será "la certificación y un sistema de garantía que se base en los libros genealógicos", ya que en los sistema actuales "se ha podido permitir alguna práctica no deseada".
Una de las primeras respuestasnegativas a esta voluntad de consenso llegó de la viceconsejera de Desarrollo Rural de Castilla y León, María Jesús Pascual, que ha pedido queque atienda sus demandas en cuanto a la nueva norma del Ibérico o que retire el borrador de la futura ley.
Así lo dijo ayer la representante de la Consejería de Agricultura de la Comunidad, en declaraciones a los medios informativos, después de reunirse con miembros del sector para intercambiar sus opiniones acerca del último borrador del Real Decreto de la Ley de calidad del Ibérico..
En su opinión, existen dos puntos "perjudiciales" para Castilla y León y que "empeoran" el borrador anterior, ha advertido.
Pascual ha asegurado que negociarán con el Ministerio de Agricultura esas "líneas rojas" y le pedirá que acepte las dos reivindicaciones o que retire el borrador, "perjudicial" para la comunidad, y que se intensifiquen los controles.
Ha explicado, en primer lugar, que una de las peticiones de Castilla y León es que se incluya el porcentaje de factor racial en el etiquetado para aportar información al consumidor, pero que funcione de manera independiente al nombre comercial del producto, como ocurre en otros ámbitos como el del queso.
En ese sentido, ha expresado que "no se pueden cambiar las reglas del juego" ahora, ya que existen unos "nombres comerciales consolidados que ya eran costumbre desde los años cincuenta", y que ésos "tienen que seguir en el mercado" porque los consumidores los identifican.
El segundo punto de discrepancia es que el borrador "no establece ningún periodo transitorio", ni para adaptar el etiquetado ni para adecuar las explotaciones, ha considerado.
A juicio de la viceconsejera, la adaptación de las instalaciones supondrá un "encarecimiento en los costes de producción de más del diez por ciento" a los ganaderos y "disminuirá" la materia prima en el mercado.