Al margen de esas diferencias, ha reiterado que los datos que maneja el Gobierno se basan en los pagos reales efectuados por el Fondo Español de Garantía Agraria durante el periodo en vigor (a falta del 20 % de lo correspondiente a 2013), y las cifras que corresponderán a España de 2014 a 2020, contrastadas con el director general de Agricultura de la Unión Europea.
En este sentido, ha detallado que, según el acuerdo de los Veintisiete, España recibirá 35.705 millones en ayudas directas de la PAC para el próximo marco financiero, frente a los 35.414 millones del anterior.
En desarrollo rural, ha añadido, percibirá 238 millones más hasta los 8.291 millones de euros, cifras ya facilitadas la semana pasada.
En cuanto a las cuestiones por negociar aún de la reforma de la PAC, Arias Cañete ha destacado la elección entre un modelo nacional y otro regional para la distribución de las ayudas dentro del territorio estatal como uno de las principales dificultades.
Ha abogado por un modelo nacional en el que las ayudas sean iguales para el mismo cultivo en todo el país, ya que garantiza que los productores que compiten en el mismo mercado lo hagan en condiciones equitativas, aunque debe evitar que se generen trasvases de fondos entre regiones.
No obstante, ha reconocido que hay Gobiernos autonómicos que prefieren un sistema regional en el que cada comunidad recibe igual montante total de ayudas y el reparto por cultivos se decide a nivel autonómico, por lo que el tema se decidirá en conferencia sectorial.
También ha insistido en la importancia de buscar una fórmula que permita limitar el número de hectáreas elegibles, ya que la nueva normativa comunitaria permite incluir territorios que ahora no perciben ayudas, como tierras marginales, de pasto y con cultivos frutales, hortalizas y vino.
Esa cuestión deberá resolverse entre los consejos de Agricultura de la UE de febrero y marzo, ya que a partir de abril empezarán las negociaciones a tres bandas entre Consejo, Parlamento y Comisión.
Ha defendido, asimismo, modular el apoyo a cada cultivo según los costes de cada uno, frente a la convergencia interna de las ayudas, una idea que, según ha criticado, apoyó el anterior Gobierno socialista.
Por su parte, la senadora autora de la interpelación ha destacado que UPN cree que, aunque la reducción del presupuesto global para la agricultura comunitaria es "una mala noticia", la negociación de España "no ha sido mala", ya que se ha logrado un recorte menor de lo esperado. Salanueva ha añadido que, a juicio de UPN, han tenido más peso en la negociación los países menos europeístas.