El Gobierno, según el responsable de Agricultura, entiende que "lo que no debe hacerse en una reforma de la PAC es que conlleve a que pierdan apoyo producciones que lo necesitan, como las de España, y lo ganen aquellos países que no necesitan".
Ha explicado que el 27 por ciento de la renta de los agricultores españoles depende de las ayudas a los cultivos, que llegan hasta el 40 por ciento, en algunos casos, "y tienen que seguir percibiendo esos niveles", ha matizado.
En cuanto al calendario, Arias Cañete ha asegurado que, en una reunión bilateral, confía en poder convencer al comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Dacian Ciolos, para dedicar, el mes de junio, a allanar el último obstáculo que quede, como es la llamada convergencia interna.
No obstante, ha subrayado muchos avances, en relación a la posición del anterior Gobierno socialista, que según ha señalado defendía ayuda por hectárea, aparte de que se partía de una PAC que consideraba 38 millones de hectáreas elegibles, para quedar actualmente en 22.
El acuerdo político, para antes de final de mes
De acuerdo con Arias Cañete, la idea de la Presidencia irlandesa de la UE es que, antes de finales de junio, pueda haber un acuerdo político, pendiente luego de que el Parlamento dé el visto bueno al marco financiero y presupuestario de la UE.
Si fuera así, ha añadido, el escenario sería optimista, al informarse favorablemente la reforma y entrar luego en un proceso de aplicación que pasaría por una conferencia sectorial, el mes de julio, para disponer del marco normativo español a finales de año.
La "pelea" en Bruselas, ha insistido el ministro de Agricultura, la tiene ahora España porque haya flexibilidad suficiente para que en el modelo de aplicación de la PAC se consiga que los agricultores sigan percibiendo niveles de apoyo lo más próximos a los actuales.
Además, para que también haya un nivel de ayudas acopladas suficientemente importante para aquellos sectores con más dificultad, como la ganadería intensiva o sectores, como el algodón y el tabaco.
Asimismo, el ministro ha puesto en valor los logros alcanzados por España. Así, en relación con el presupuesto, los agricultores y ganaderos seguirán percibiendo el mismo nivel de apoyos que tenían actualmente. En cuando a la redistribución de las ayudas dentro de los Estados miembros, “España ha conseguido que se pueda limitar la superficie máxima objeto de ayuda, evitando la entrada desordenada de nueva superficie en el nuevo sistema de ayudas, y la reducción de ayudas a los actuales perceptores”.
Por lo que se refiere al componente verde, el ministro ha hecho hincapié en que España haya conseguido incorporar a la superficie con derecho de ayuda a las superficies de cultivos leñosos de carácter extensivo. Y en desarrollo rural, ha señalado como lo más significativo que las medidas del próximo periodo de programación 2014-2020, permitan llevar a cabo transformaciones en regadío, “sin los altos requisitos de ahorro de agua que proponía la Comisión”, ha recalcado.
Asimismo, el ministro ha explicado que la reforma también contempla actuaciones en materia de regulación de mercados, “orientadas a una menor intervención de los mecanismos comunitarios y un mayor protagonismo de las organizaciones de productores, constituidas en autorreguladoras de la oferta de sus asociados”.
"Todos los agricultores recibirán el mismo trato"
Además, Arias Cañete ha reiterado que “España ha participado activamente para conseguir el mantenimiento del control de las plantaciones de viñedo y el régimen de cuotas de producción de azúcar, “claramente favorables a nuestros sectores productivos”.
Ahora, Arias Cañete ha subrayado que la tarea es conseguir que las propuestas del Consejo de Ministros de Agricultura sean compartidas por la Comisión y por el Parlamento, en los denominados trílogos, “donde esperamos acuerdos satisfactorios”, ha apostillado.
Tras este acuerdo, el ministro ha explicado que se tendrá que aplicar la reforma a las “específicas y peculiares” condiciones de España. Para ello, Arias Cañete ha afirmado que se elaborará una propuesta de aplicación nacional, “donde los agricultores reciban el mismo trato, en las mismas condiciones, cualquiera que sea la Comunidad Autónoma donde radique su explotación”. Para el ministro, esta forma de aplicación es fundamental “si queremos preservar una organización territorial de nuestra agricultura que no se vea desvertebrada por una aflicción distorsionante de las ayudas, lo que iría justo en la dirección contraria de lo que hemos logrado hasta aquí”, ha concluido.