Durante la comparecencia en el Pleno del Congreso de los Diputados, Arias Cañete ha destacado que este esfuerzo de austeridad presupuestaria ha exigido “una importante labor de priorización con el fin de garantizar las actuaciones más necesarias y las que consideramos imprescindibles para la consolidación y viabilidad de los sectores agrarios, pesqueros y medioambientales”. El ministro ha explicado que estas cuentas dan una “adecuada respuesta” a las necesidades básicas de las políticas agraria, pesquera, alimentaria y medioambiental.
“Estamos convencidos de que el Presupuesto, junto con los de los demás ministerios, contribuirán a garantizar la sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas, a fortalecer la confianza de la economía española y reforzar el compromiso de España con la UE en materia de estabilidad presupuestaria. Todo ello permitirá consolidar el marco de una política económica que active el crecimiento económico y la creación del empleo”, ha añadido.
El presupuesto consolidado del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para el ejercicio 2013 asciende a 9.489,4 millones de euros. La dotación destinada a operaciones corrientes es de 6.946 millones de euros y el presupuesto previsto para las operaciones de capital es de 2.174 millones de euros.
En cuanto a las grandes líneas de políticas de gasto del Departamento, “Agricultura, Pesca y Alimentación” absorbe un presupuesto de 7.661,9 millones de euros, un 80,7 por ciento del presupuesto consolidado.
La política de “Infraestructuras” mantiene unos recursos de 1.744,8 millones de euros, un 18,4 por ciento del presupuesto total del Departamento.
Finalmente, la política “Meteorología”, ejecutada por la AEMET, cuenta con 82,7 millones de euros.
Arias Cañete ha destacado que a la hora de aplicar los ajustes se ha priorizado el apoyo a los sectores productivos, la puesta en marcha de políticas medioambientales que garanticen el desarrollo sostenible, el cumplimiento de los objetivos marcados en materia de pesca, la Política Agraria Común y el mantenimiento de las rentas de los trabajadores y empresas de los sectores afectados y se ha tratado de maximizar el retorno de la Unión Europea.
En este sentido, los ajustes se han centrado en aquellas partidas menos esenciales, o en actuaciones que pudieran reprogramarse con los menores perjuicios al servicio público.