Pedro Arrojo Agudo / Diputado por Zaragoza

Rosana Pastor / Diputada por Valencia. Grupo Confederal Unidos Podemos. En Comú Podem – En Mare

Tradicionalmente hemos eludido afrontar las sequías como algo propio del clima mediterráneo que podemos y debemos prevenir, y no para evitar lo inevitable, sino para reducir nuestra vulnerabilidad. Sin embargo, en la perspectiva de Cambio Climático vigente, resulta inaplazable mirar de frente al problema.

Respecto a la sequía en curso, la precipitación media está 12 puntos por debajo de la media interanual, aunque, paradójicamente, donde no ha llovido es en el noroeste, mientras el sureste ha registrado entre doble y triple de lluvia que la media en los últimos 30 años. ¿Por qué se declara entonces el Segura en sequía hidrológica? pues bien, fundamentalmente, por la política imprudente e irresponsable de trasvases en años pasados, que ha dejado exhausta y arruinada la cabecera del Tajo.

En todo caso, como siempre, agricultores y ganaderos son los primeros afectados: 50% de la cosecha de secano; hortalizas y frutas, afectadas también por altas temperaturas; 45% menos de pastos y encarecimiento del alimento para el ganado. Y todo ello sobre una Renta Agraria 45% por debajo de la media, y en un sector cada vez más polarizado: por un lado agro-negocios e integradoras ganaderas con crecientes beneficios, y por otro pequeños y medianos agricultores empujados progresivamente  al abandono de sus explotaciones.

En este contexto, nuestro compromiso es rotundo y se centra en esa mayoría de agricultores y ganaderos, que son clave para vertebrar ese medio rural vivo que la sociedad necesita.

Respecto al Decreto, entendemos razonable la moratoria en cuotas de la Seguridad Social, siempre que se incluya la eliminación o reducción de las jornadas necesarias para que los jornaleros puedan cobrar el subsidio agrario; razonables las ayudas fiscales y crediticias; e incluso el incremento del canon hidroeléctrico, para mejorar el dominio publico hidráulico. Pero debería explicar el PP por qué en los presupuestos que impusieron se incumple de forma clamorosa la ley que, tal y como recuerda el propio Decreto, exige asignar al menos el 98% de ese canon, 278 M€, en proyectos de mejora del dominio público hidráulico, que brillan por su ausencia.

En todo caso, más allá de estos aspectos positivos, el Decreto es erróneo e injusto.

• Es preciso reaccionar y rechazar la creciente mercantilización del agua bajo el pretexto de la sequía. Este DECRETO desregula más aún los contratos de cesión, al permitir la venta del total de una concesión -lo que se conoce como “aguas de papel”-, incumpliendo la Ley de Aguas que limita los contratos de cesión al agua realmente existente y usada. Con ello se agudizará la sobreexplotación de acuíferos y se incumplirá la Directiva Marco de Aguas. Durante décadas cada sequía fue el pretexto para aprobar una nueva oleada de embalses, que en absoluto respondían a estrategias de sequía, sino al simple incremento de usos (nuevos regadíos y desarrollo urbanístico); con que, a la siguiente sequía, teníamos más embalses vacíos… Ahora cada sequía es ocasión para expandir la mercantilización del agua.
• Desde una estrategia justa de sequía deberían compensarse pérdidas de agricultores y ganaderos vulnerables, ofrecerles caudales suplementarios, en lo posible, a costes asequibles, y hacerlo en todo el país; en lugar de destinar gran parte del dinero público a prósperos agro-negocios en las cuencas declaradas en sequía hidrológica. Por otro lado, eximir el pago de canon y tarifa por el agua disponible, conlleva que quien reciba el privilegio de esos caudales, los recibirá encima gratis, en contra de la más elemental racionalidad exigida por las estrategias de gestión de la demanda que se recomiendan para gestionar recursos escasos.
• Pero lo más grave es que, con todo ello, lo que se hace es favorecer y acelerar el cierre de explotaciones vulnerables. En la pasada sequía 2006-2009, con una cabecera del Tajo menos arruinada, los usuarios del trasvase Tajo Segura, lejos de perder dinero, ganaron más de 15 millones, al ahorrarse en exenciones 63 M€ y tener que gastar tan sólo 48 en comprar agua a regantes del Tajo. En esta ocasión, al impedir la Ley trasvase alguno desde la cabecera del Tajo, lo que hace el Gobierno con los pequeños y medianos agricultores del Segura y del Júcar, con dotaciones insuficientes, es mostrarles la “puerta de salida”, animándoles a vender sus derechos a grandes productores, que si pueden pagar. Y respecto al Duero, podemos imaginar lo que ocurrirá con ese proyecto de mega-vaquería, con 20.000 cabezas, en Soria, si se lleva a cabo.
• Necesitamos nuevas estrategias centradas en proteger la explotación familiar.
  • Ante todo, un nuevo enfoque de planificación que permita rebajar el estrés hídrico en años de normalidad. El Gobierno no puede seguir mirando hacia otro lado ante ese millón de pozos ilegales que abocan a las zonas sensibles a una vulnerabilidad suicida ante las sequías. De hecho, los acuíferos son nuestra principal reserva en sequia; si los sobreexplotamos en años de normalidad, quedamos indefensos en sequia. El Gobierno debe entender que las sequías se gestionan en años de normalidad.
• En segundo lugar, es preciso suplementar la disponibilidad de caudales en sequía, y para ello, más allá de acuíferos y embalses de regulación plurianual, la clave está en las nuevas tecnologías de desalación, flexibles, modulares y sobre todo eficaces, aún en sequías extremas, usando energía solar y eólica. De hecho tenemos un potente parque de desalación, financiado por la UE, que está muy lejos de una gestión óptima. Y ahí si, podría ser razonable subvencionar agua desalada para explotaciones vulnerables en sequía.
• Pero sobre todo, hay que fortalecer el sistema de seguros, y no debilitarlo como ha hecho, de forma insensata, el PP en los presupuestos. Y no sólo dotando más fondos para cubrir riesgos crecientes, sino integrando al regadío de pequeños y medianos productores en el sistema público de seguros agrarios, que hoy cubre razonablemente el secano, pero no el regadío. En lugar de exenciones al uso del agua, lo que debemos es extender seguros eficaces a la explotación familiar en el regadío.