La Fiscalía de Castilla-la Mancha ha archivado la denuncia de denuncia de los agricultores ecológicos de Castilla-La Mancha contra el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, y el viceconsejero de Agricultura, Agapito Portillo.
Según el decreto de la Fiscalía, fechado este lunes 22 de mayo y consultado por Efe, no considera que los hechos denunciados por la Plataforma de defensa de la agricultura y ganadería ecológicas en relación a una convocatoria de ayudas sean constitutivos de infracción penal alguna, por lo que procede al archivo de las actuaciones y emplaza a la entidad denunciante a que, en caso de disconformidad, presente querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
En la denuncia, los agricultores ecológicos manifestaron que la Consejería de Agricultura ha facilitado el borrador o proyecto de una nueva convocatoria de ayudas a la agricultura ecológica a algunas empresas o entidades en detrimento de esta asociación.
De hecho, la plataforma indicaba en la denuncia que algunas entidades estaban dando a sus clientes una información diferente a la que aparece en el Plan Estratégico de la PAC, por lo que entendía que la filtración procedía de la propia Consejería.
La finalidad de facilitar información privilegiada, según la Plataforma, era tener conocimiento con carácter previo de las condiciones para la obtención de las ayudas y así tener ventaja en cuanto a la provisión de los requisitos exigidos.
LA FISCALÍA VE QUE LA DENUNCIA NO PUEDE PROSPERAR PORQUE LOS HECHOS SE DESCRIBEN «DE MANERA VAGA E IMPRECISA»
En el decreto, la Fiscalía ha precisado que le corresponde instruir este caso porque la denuncia se dirige contra un miembro del Consejo de Gobierno y en el caso del viceconsejero, que no es aforado, es porque se le atribuyen los mismos hechos que al consejero.
Tras la valoración judicial de los hechos denunciados, la Fiscalía ha concluido que la denuncia de la Plataforma no puede prosperar porque los hechos se describen «de manera vaga e imprecisa» y que no están enmarcados en un tiempo y lugar.
También recoge el decreto de la Fiscalía que la denuncia hace referencia a una posible filtración de información de una nueva convocatoria o de un borrador o proyecto de ayudas a la agricultura ecológica para algunas entidades, pero «sin concretar ni a qué convocatoria se refiere, ni las entidades supuestamente privilegiadas, ni qué tipo de información se les ha facilitado».
Tampoco pone de manifiesto la denuncia, según el fiscal, qué tipo de actividad profesional o asesoramiento permanente o accidental se ha realizado ni respecto de qué entidades, y la plataforma denunciante «no ofrece ningún elemento o principio de prueba que avale razonablemente la realidad de los hechos denunciados», y solo se limita a afirmar su existencia sin ningún apoyo objetivo.