El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, ha advertido de que ante la «amenaza real de trasvase» el Ejecutivo aragonés adoptará las medidas oportunas para que no se ejecute y pide a la Confederación Hidrográfica que no autorice este trasvase del Ebro.
En una nota de prensa, Olona lamenta que «nunca se había llegado tan lejos como ahora» en el trasvase del Ebro, en alusión a la aprobación el pasado día 16 en el Consejo del Agua del Plan Hidrológico de la cuenca fluvial de Cataluña.
Confía en que «la CHE no autorice el cambio de uso de caudales que supone el proyecto de Cataluña»
Además de la decisión del propio presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, de pedir una comparecencia a petición propia en las Cortes de Aragón para hablar de este asunto, Olona ha asegurado que el Ejecutivo adoptará todas las medidas políticas y jurídicas necesarias para que «no se produzca ningún trasvase de la cuenca del Ebro a otras cuencas».
El consejero confía en que el gobierno central y la Confederación Hidrográfica del Ebro tengan clara cuál es la legalidad y no permitan que se lleve adelante el proyecto.
En particular, confía en que «la CHE no autorice el cambio de uso de caudales que supone el proyecto de Cataluña» y que implica convertir una autorización para una solución puntual y transitoria, como fue una etapa de sequía, en una acción estructural y definitiva y que asimismo pretende trasvasar agua fuera de su cuenca natural y cambiar un uso agrario por otro de abastecimiento a la población.
Ante esta situación, Olona reclama «la unidad de todas las fuerzas políticas, económicas y sociales de Aragón para hacer frente a este nuevo reto» y recuerda que «el Gobierno de Aragón ya votó en contra» del decreto catalán en la última reunión del Consejo Nacional del Agua con un voto particular en el que se explicaba el porqué del mismo.
El decreto del Gobierno catalán se recurrió la semana pasada y Olona asegura que cuando se publique el real decreto que le sigue, se hará lo mismo.
«El Gobierno de Aragón se opondrá frontal y absolutamente a cualquier tipo de trasvase por ir en contra del Estatuto de Autonomía de Aragón», ha insistido Olona, quien ha recordado que «el proyecto supone utilizar caudales provenientes de las inversiones y los esfuerzos de los regantes aragoneses para ahorrar agua en otro territorio y para otros usos».