El Gobierno de Aragón pretende lanzar en este primer trimestre del año el proceso participativo para la elaboración del plan de acción territorial para la gestión de inundaciones en la cuenca del Ebro, que posteriormente se incorporará al plan de gestión estatal aprobado el pasado año.
Para ello, se ha creado una ponencia, un grupo de trabajo que cumple el encargo de la Comisión del Agua de Aragón de elaborar un informe con propuestas para la mejora de la gestión del riesgo de inundaciones en el tramo medio el Ebro a su paso por la comunidad, según ha explicado a los medios la directora del Instituto Aragonés del Agua, Inés Torralba.
El reto es mejorar el programa de medidas y coordinar los diferentes centros directivos con competencias
Este martes 10 se ha celebrado en Zaragoza la tercera reunión de esta ponencia en la que ha participado la jefa del área de Hidrología y Cauces de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), María Luisa Moreno, para explicar el plan estatal que es el «sumatorio» de todos los programas de medidas elaborados en su momento por las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias.
Ahora, el reto del Gobierno de Aragón es mejorar este programa de medidas y coordinar los diferentes centros directivos con competencias en la materia para hacer una nueva propuesta como plan de acción territorial para la gestión de inundaciones en Aragón que después se incorporará al plan de gestión estatal, ha destacado Torralba.
La ponencia se creó con un plazo de trabajo de dos años, que concluirá dentro de uno y medio, y el objetivo es lanzar «desde ya» este plan de acción territorial.
Torralba ha explicado que los días 21 y 22 de diciembre se celebraron sendas audiencias públicas como punto de partida del proceso de participación para su elaboración y que en este trimestre se quiere empezar a trabajar.
El reto de Aragón es hacer una propuesta coordinada con medidas relativas al territorio, de restauración hidrológico forestal, ambientales o de gestión de los espacios de la Red Natura, es decir, con todo lo que afecta el ámbito de su competencia, que es «muy variado y va más allá de la protección civil», ha indicado, elemento «imprescindible y necesario en el plan de gestión del riesgo de inundaciones, pero no el único».
Así, ha detallado que en la gestión del riesgo de inundación hay que considerar un abanico amplísimo de medidas desde diferentes ámbitos de gestión, pensar en la planificación y en la ordenación de usos, en la gestión del espacio colindante con el cauce y trabajar en la concienciación y educación ambiental de la población ribereña a través de medidas agroambientales, entre otros aspectos.
Y todo ello con un enfoque «integrado» en el que todas las administraciones tendrán que actuar de forma coordinada en el ámbito de su competencia.
En este sentido, Moreno ha señalado que ha sido invitada a presentar el plan de gestión de inundaciones aprobado por el gobierno en enero del pasado año y para detallar los trabajos que se han realizado en este ámbito desde el año 2010.
Un abanico de más de 20 medidas para la cuenca del ebro que contemplan desde las agroambientales hasta las de los seguros agrarios
Así, ha apuntado que se ha establecido una fase primera, de evaluación preliminar y una segunda de elaboración de mapas de inundabilidad y estudios de conocimiento en las zonas inundables en la cuenca del Ebro -en la que se han estudiado más de 3.200 nuevos kilómetros de cauces- antes de establecer el citado plan.
En el mismo se recoge el abanico de medidas que integran las competencias de las administraciones nacional, autonómica y local, «un abanico de más de 20 medidas que contemplan desde las agroambientales hasta las de los seguros agrarios, las de prevención, sobre todo en materia de informes urbanísticos, limitaciones a los usos y puesta en práctica de la legislación de aguas que es cada vez más limitante a la hora de ocupar la zona inundable», ha dicho.
Preguntada por las quejas planteadas por la Asociación de Afectados por las riadas del Ebro (Asafre) sobre la falta de previsión de las inundaciones y la conclusión de algunas obras, Torralba ha indicado que las administraciones «no pueden garantizar que la inundación no sobrevenga», ni tener una «absoluta seguridad» sobre cuándo va a producirse ese fenómeno.
Por su parte, Moreno ha señalado que el plan de gestión para la cuenca del Ebro no tiene como finalidad proteger a ultranza zonas que son naturalmente inundables, toda vez que ha añadido que el Ministerio de Medio Ambiente habilitó 20 millones de euros tras las riadas de 2015 para ejecutar obras de consolidación, de mejora y de subsanación de deficiencias estructurales y de motas y se han ejecutado ya todas.