El director del IAA, Alfredo Cajal, indicó que con “esta tramitación se pone de manifiesto la voluntad del Gobierno de Aragón de completar el mapa de la depuración de aguas en la Comunidad Autónoma. Supone también aportar puestos de trabajo en el medio rural en unos momentos en que impulsar la actividad laboral tiene un efecto multiplicador y más definitivo, si cabe, para que la población se afiance en estas localidades que, de paso, comprueban cómo son dotadas de unas infraestructuras medioambientales imprescindibles y con las que ya cuentan otras poblaciones de sus mismas dimensiones”.
En la provincia de Teruel se han resuelto la construcción de las depuradoras de Beceite (2.029.519,69 euros); Cretas (1.129.549,52 euros); La Fresneda (1.309.031,24); Peñarroya (1.082.550,70) y Valderrobres (2.193.226, 64).
La Unión Temporal de Empresas (UTE) adjudicataria está formada por las empresas Pabasal-Pavagua- SAV DAM- Aragonesa de Caminos y Canales y está previsto que en el plazo de algo menos de tres meses puedan iniciarse las obras.
Según los técnicos, “antes de proceder a la licitación de estas cinco depuradoras hubo que revisar y actualizar los proyectos constructivos para adaptarlos a los nuevos condicionantes. Entre otros trabajos, se completaron nuevos estudios de vertidos e incluso se modificó la ubicación de algunas instalaciones, con la consiguiente realización de estudios geotécnicos en las nuevas parcelas y actualización del presupuesto de las parcelas donde se ubican las depuradoras y sus obras auxiliares. Con los estudios realizados se redactaron unas adendas a los proyectos constructivos, de forma que ambos documentos pudieran tomarse como un anteproyecto válido para llevar a cabo la licitación”.
La Zona 10 está, a su vez, dividida en dos subzonas, en las que se agrupan 11 depuradoras. Las instalaciones de depuración de estas subzonas no pudieron licitarse de nuevo al ser necesario redactar los estudios de impacto ambiental para las depuradoras de Maella y Mas de las Matas, que deben superar la evaluación de impacto ambiental prevista en la legislación.