Tras continuos tira y afloja en el seno del Gobierno y una tramitación parlamentaria muy polémica, la Ley de Bienestar Animal aprobada este jueves 16, considerada «pionera» por sus impulsores, dotará de derechos a las mascotas y exigirá una batería de obligaciones a sus dueños, con un endurecimiento de las sanciones frente al maltrato animal. Finalmente, quedan excluidos de esta norma los perros de caza.
El pleno del Congreso ha aprobado una decena de las casi veinte enmiendas incorporadas al texto en el Senado, en su mayoría técnicas y de redacción, entre las que destaca una para evitar sanciones a personas sin hogar acompañadas de sus mascotas.
Por otra parte, también el pleno del Congreso ha votado las enmiendas incorporadas en el Senado al proyecto de ley orgánica de reforma del Código Penal sobre maltrato animal, tramitado en paralelo al anterior, rechazadas con 161 votos a favor y 176 en contra.
Al no haberse alcanzado la mayoría absoluta necesaria dado el carácter orgánico de esta última ley, ha sido ratificado el texto inicial aprobado en su día por la Cámara Baja sin incorporar ninguna enmienda del Senado.
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, que no ha llegado a tiempo al debate porque estaba en el Consejo de Ministros extraordinario para aprobar la reforma de las pensiones, ha asegurado en el Congreso, tras la ratificación de esta norma, a su juicio, pionera, que se ha abierto en el ordenamiento jurídico «la primera ola de derechos de los animales en España».
«Lamento -ha destacado- no haber sido capaz de reconstruir ese consenso que logramos en el Gobierno para proteger a todos los animales», después de que «el partido socialista se diera la mano con el Popular y con Vox para excluir de esta norma a los perros de caza».
Entre otras novedades, la ley de bienestar animal -de la se han excluido a los perros de caza y de otras actividades- exigirá certificados para la tenencia de canes y pruebas de sociabilibidad a estas mascotas, a la vez que se endurecerán las sanciones a los maltratadores, que pueden llegar hasta los 200.000 euros en el caso de las infracciones muy graves.
Será muy grave matar a gatos comunitarios fuera de los casos autorizados en esta ley; la cría, el comercio o exposición de animales con fines comerciales por personas no autorizadas, o la venta de perros, gatos y hurones en tiendas de animales.
Asimismo, el uso de animales en actividades prohibidas, en particular culturales y festivas, en atracciones mecánicas, carruseles de feria, así como el uso de especies de fauna silvestre en espectáculos circenses.
UNA LEY MARCADA POR LA FUERTE POLÉMICA QUE HA IDO GENERANDO
Desde el inicio de su tramitación, la normativa ha estado envuelta en fuerte polémica dentro del Gobierno y asimismo ha sido muy criticada desde el ámbito jurídico, veterinario, científico, político y social.
Dentro del Gobierno, la confrontación entre Unidas Podemos y el PSOE surgió cuando, poco después de aprobarse el proyecto de ley de bienestar animal en el Consejo de Ministros, los socialistas presentaron una enmienda para excluir a los perros de caza.
Finalmente, dicha modificación fue aprobada e incorporada al texto de la norma gracias al apoyo de grupos como PP y Vox, pero con el rechazo de Unidas Podemos, que sin embargo sí acabó dando su apoyo al conjunto de la ley en el Congreso de los Diputados.
Durante el debate de ambas normas, la diputada socialista Gemma Araujo ha defendido una ley pionera y reprochado «los bulos» vertidos contra esta ley por parte de grupos como Vox, con acusaciones que no se ajustan a la realidad y que denotan, ha dicho, que «no se han leído la ley o que mienten con el único ánimo de atacar al Gobierno».
La diputada del PP Milagros Marcos ha señalado de esta normativa que es «el ejemplo de todo lo que no debe hacer un Gobierno, que ha ninguneado a los científicos y a los millones de ciudadanos que quieren seguir cuidando a sus mascotas en este día triste»; «basta de soberbia e infantilismo y demagogia», ha añadido.
Desde Unidas Podemos, Juantxo López de Uralde ha criticado los intentos desde la oposición de «reventar» esta normativa «con bulos para hacer creer a la ciudadanía que la norma no tiene sentido», y ello ha impedido «un debate racional».
Por parte de Vox, el diputado Ángel López ha advertido de que se trata de una ley «llamada a acabar con la dignidad del hombre porque es un engendro normativo y disparatada que rompe con los orígenes, cultura e identidad del hombre».
Desde Coalición Canaria, la diputada Ana Oramas ha alertado de la situación «gravísima» que se abre con esta normativa «sin rigor científico», y desde el PNV, Joseba Agirretxea ha tildado de «chapuza» la norma.
El diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz ha criticado las restricciones a los dueños de mascotas con planteamientos fuera de la realidad y también ha sido muy crítico Néstor Rego, de BNG, para quien la normativa es «incongruente».
La diputada Inés Sabanés, de Más País, ha rechazado esta ley «con riesgos y sin garantías plenas de bienestar animal», tras criticar «las concesiones al lobby de los perros de caza».
Genís Boadella del PDeCat ha tildado de «desastre parlamentario» la nueva ley, mientras Joan Capdevila de ERC, ha reprochado la pugna continua dentro del Gobierno y las acusaciones cruzadas entre los socios de coalición sobre quién dejaría caer o no la norma, bajo «un silencio insultante del Ministerio de Justicia».