La Asociación Nacional de Obtentores Vegetales (ANOVE) aplaude las actuaciones del Seprona en Zamora y Salamanca contra el uso fraudulento de semillas certificadas, aunque reconoce que no las ha impulsado. Según su secretario general, Antonio Villarroel, «las autoridades han actuado de oficio, posiblemente al detectar que se han falsificado las declaraciones por parte de algunos agricultores».
El responsable de ANOVE, sin embargo, cree que estas actuaciones «se ajustan a la legislación» y celebra que se hayan llevado a cabo, aunque desconoce si se ampliará a otras provincias o Comunidades Autónomas. Con los datos que tiene, cree que la actuación policial se ha podido englobar en una operación de falsificación en la identificación de las variedades protegidas.
ANOVE cree que alguna OPA «ha manipulado al decir que se quiere obligar a los agricultores a pagar unos royaltis por el reempleo de las semillas»
Como destaca, para que se actúe policialmente sólo hay dos posibilidades, «que se declare falsamente la cantidad de semillas consideras como libre de royaltis o que se proceda a la compra-venta de semillas certificadas ilegalmente».
Por eso, ha mostrado su indignación con alguna organizacióna agraria «que ha manipulado la información al decir que se quiere obligar a los agricultores a pagar unos royaltis por el reempleo de las semillas, cuando eso no es así».
«Legalmente puede hacerlo», señala Villarroel, «y nunca se ha perseguido eso. Otra cosa es que no se reempleen las semillas sino que se proceda a la venta de semilla no certificada, a semillas piratas, lo que sí es un delito penado con hasta tres años de cárcel».
Y como ejemplo de estas situaciones, «que siempre hemos denunciado y que lo seguiremos haciendo, aunque no haya sido éste el caso de Castilla y León», es que en esta Comunidad Autónoma «la semilla certificada oficial no llega al 20%. Por tanto, ¿de dónde sale el 80% restante?», se pregunta.
Finalmente, aunque reconoce que existe un royalti reducido que deben pagar algunos agricultores, el responsable de ANOVE aclara que «en esos casos nunca interviene el Seprona en el caso de no abonarlo, ya que no se trata de un delito penal».