La Junta de Andalucía y la Región de Murcian han alertado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, del «importante riesgo fitosanitario» que afronta el sector citrícola -especialmente el pomelo y el limón- por la plaga de Phyllosticta citricarpa, conocida como mancha negra.
Así lo han expuesto este miércoles en una misiva firmada por el consejero de Agua, Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia, Antonio Luengo, y la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo.
Según fuentes del Departamento murciano, sólo en la presente campaña de importación -de mayo a octubre de 2021-, se han notificado 41 detecciones en distintas especies de cítricos importados desde Sudáfrica.
Además, han precisado que en otras campañas también se han producido interceptaciones desde otros países terceros, como es el caso de Argentina y Brasil, entre otros.
Aunque reconocen que el riesgo se ve «minimizado debido» a la colaboración existente con los puntos de control en frontera y de los inspectores de Sanidad Vegetal, esta vigilancia «no es suficiente», por lo que ambas regiones piden mayores garantías que requieren, a su vez, «cambios legislativos».
Según su criterio hay argumentos técnicos «más que suficientes» para demostrar que con las medidas actuales existe «un grave riesgo para la citricultura europea».
MEDIDAS MÁS ESTRICTAS PARA LAS IMPORTACIONES DE SUDÁFRICA
Entre las peticiones concretas de los consejeros, ante este «importante riesgo fitosanitario», destaca la modificación de la Decisión Europea para establecer medidas más estrictas para la importación de cítricos, especialmente con respecto a Sudáfrica.
Es para este respecto para lo que han solicitado el apoyo del ministro ante una situación que «está ocasionando un gran malestar entre los productores» por las alertas sanitarias que se están produciendo, además, por la presencia de productos fitosanitarios no autorizados actualmente en la Unión Europea.
También han aprovechado la misiva para recordar la «necesidad urgente» de establecer un procedimiento de comunicación entre los puestos de control en frontera y las Comunidades Autónomas, sobre los rechazos producidos y la gestión adecuada para la eliminación de las partidas rechazadas, pues «hasta la fecha, estas comunicaciones no se están produciendo», han apuntado.