La titular andaluza de Medio Ambiente ha indicado que dicho convenio definirá qué inversiones se van a acometer en los próximos años y que el propósito de Junta de Andalucía y Ministerio es que “esté listo en un corto plazo de tiempo”. En este sentido, la consejera ha mostrado su preocupación por algunas obras del Ministerio que no avanzan al ritmo deseado como las conducciones de la Presa de Rules de Granada (Declarada de Interés General del Estado) o la mejora de regadíos Guadiaro-Majaceite, sobre las que próximamente se mantendrán reuniones específicas entre ambas administraciones, según se desprende del encuentro entre ambos dirigentes.
Igualmente ha acordado realizar un estudio científico “solido y solvente” sobre el Acuífero 27 (Almonte-Marismas) que alimenta de agua al Parque Nacional de Doñana. En relación con el Plan de Especial de Ordenación de las Zonas de Regadío Ubicadas al Norte de la Corona Forestal de Doñana, que permitirá establecer un equilibrio entre el desarrollo de la actividad agrícola de la zona y su impacto en el medio ambiente y las aguas subterráneas, la consejera ha informado que este Plan será abordado por el Consejo de Participación del Espacio Natural en los próximos días. A partir de ahí, iniciará su tramitación, por lo que se aprobará presumiblemente en el primer semestre del año.
Serrano ha señalado que una vez aprobado dicho Plan, el Ministerio deberá cumplir su función de supervisión del uso incontrolado de pozos ilegales, por lo que ha solicitado una “implicación absoluta” de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en esta materia.
Según Serrano, Arias Cañete le ha comunicado que las obras de mejora y consolidación de regadíos del Fresno (Huelva), -actuación dependiente del Estado-, se iniciarán en cuanto se solventen los condicionantes recogidos en la DIA del proyecto y que la CHG se ha comprometido a realizar un nuevo proyecto para incrementar los recursos hídricos en superficie en Doñana.
Oposición al anteproyecto de Ley de Parques Nacionales
En el encuentro, la consejera ha mostrado de nuevo su disconformidad frente al anteproyecto de Ley de Parques Nacionales, ya que “nace sin el consenso necesario y carente de ambición en materia ambiental”. Para Serrano, “pocos entenderían que estos espacios perdieran sus condiciones de protección y conservación por razones económicas” y ha recalcado que “la crisis no puede llevarnos a abrir los Parques Nacionales a actividades económicas hasta ahora prohibidas”.
En este sentido, ha vuelto a manifestar sus dudas al ministro respecto a algunos artículos de la nueva norma, ya que el Gobierno central podría recuperar parte de las atribuciones perdidas invadiendo ciertas competencias de las comunidades autónomas “provocando así nuevos conflictos competenciales”. La nueva normativa está actualmente pendiente del informe del Consejo de Estado. En este sentido, la consejera ha indicado que Arias Cañete “se ha comprometido a modificar la redacción de la nueva ley si efectivamente invade competencias de las comunidades autónomas”.
Por otro lado, Serrano se ha interesado por el fondo de ayudas al fomento del desarrollo sostenible en las áreas de influencia socioeconómica de los Parques Nacionales, unas ayudas económicas, que pese a que han servido de sustento para la pervivencia de los núcleos rurales, el Gobierno central las suprimió provisionalmente en 2013 y no las ha recuperado en los Presupuestos Generales del Estado del presente año.
Optimismo ante la recuperación de varias ayudas en 2015
Según la titular de Medio Ambiente, “esta decisión no ha sido entendida en las áreas de influencia de Doñana y Sierra Nevada, donde, por segundo año consecutivo, sus Consejos de Participación han instado al Ministerio a recuperarlas”. No obstante, la consejera se ha mostrado optimista ya que, según le ha confirmado el ministro, es probable que estas ayudas se recuperen en 2015.
Por último, la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha reiterado la oposición de la Junta a la intención del Ministerio de vender la finca forestal La Almoraima, ubicada en Castellar de la Frontera (Cádiz) y la apuesta del Gobierno andaluz por “una gestión pública y modélica de desarrollo sostenible y no convertir estos terrenos en un complejo especulativo”. En este sentido, ha propuesto a Arias Cañete la posibilidad de la cesión de La Almoraima a la Junta de Andalucía”, iniciativa que ha sido rechazada por el ministro.