El director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, Manuel García Benítez, ha destacado que Andalucía tiene en estos momentos menos riesgo de sufrir los efectos de la despoblación rural, un fenómeno que sí está afectando con fuerza a otras comunidades autónomas, gracias a las políticas globales de desarrollo que se están ejecutando por parte de la Administración autonómica. En este sentido, ha considerado que es clave “garantizar servicios básicos en todos los territorios”, así como llevar a cabo acciones concretas que “incentiven no sólo la permanencia sino también la llegada de jóvenes y mujeres”.
García Benítez ha participado en Soria en las jornadas ‘Combatiendo la despoblación en áreas rurales’, un taller transnacional enmarcado en el programa europeo Espon, para incentivar el análisis y debate sobre un problema que está afectando de manera creciente a zonas de España y toda Europa. En este marco, ha presentado las líneas estratégicas de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural para evitar el daños de la despoblación rural, basadas en cinco claves: “La participación, la creación de empleo, la igualdad de oportunidades, la innovación y la cooperación, especialmente entre territorios para el intercambio de experiencias”.
El responsable andaluz de Desarrollo Sostenible del Medio Rural ha destacado que, “en comparación con otras regiones españolas, la pérdida de población en las zonas rurales de Andalucía es baja, amortiguada por las acciones emprendidas por la Administración andaluza”. En esta línea ha apuntado a la mejora de las infraestructuras y servicios en todos los espacios rurales, con la ejecución de programas sociales, educativos y sanitarios, así como el impulso a las vías de comunicación. “Llevamos más de 30 años haciendo los deberes, y por eso mantenemos vivos a los pueblos pequeños”, ha apostillado.
A esto hay que unir las políticas propias de la Consejería de Agricultura, resaltando los trabajos realizados desde 1991 dentro de la iniciativa comunitaria Leader en sus distintas versiones y en el marco actual, con una catalogación de 52 territorios rurales. En el periodo comunitario ahora vigente (2014-2020) se han presentado hasta la fecha más de 2.700 proyectos de desarrollo por valor de 72 millones de euros, iniciativas destinadas a la adecuación y dotación de infraestructuras y servicios, al desarrollo de actividades empresariales generadoras de empleo, a potenciar la empleabilidad de los jóvenes, a mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y a la conservación y promoción del patrimonio rural.