En este sentido, la consejera ha recordado que ante la creciente preocupación y contestación social, los controvertidos resultados de los informes técnicos y la necesidad de adecuar la normativa autonómica a los criterios técnicos-ambientales, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio solicitó en enero de 2013 un informe sobre esta práctica al Instituto Geológico Minero de España (IGME).
El estudio que encargó la Junta revela distintos peligros
Entre las conclusiones de este estudio destacan que cuando se realiza la fractura hidráulica ésta puede alcanzar lo acuíferos o incluso contaminar los terrenos en superficie, que los productos químicos utilizados son por lo general sustancias peligrosas; y que actualmente existen indicios de sismicidad asociada a esta técnica, por lo cual debería prohibirse en áreas con cierta actividad tectónica y con fuentes de agua.
Según Serrano, cuando hay motivos razonables para evitar que efectos potencialmente peligrosos puedan afectar al medio ambiente o a la salud, hay que adoptar como estrategia de gestión de riesgos el “Principio de Precaución”. En base a este principio algunos países ya han prohibido la fractura hidráulica (Francia y Bulgaria) y otros han establecido moratorias, mientras estudian con mayor exactitud los problemas que implica esta técnica.
En el caso de España, en los últimos años “se han disparado las solicitudes de permisos de exploración” y son varios los casos que se conocen de autorizaciones de investigación vigentes y solicitados en gran parte de las Comunidades autónomas. En Andalucía son 10 los permisos otorgados o en trámite de concesión para investigar sobre la existencia de hidrocarburos en el subsuelo andaluz, en los cuales “no se contempla la técnica de la fractura hidráulica por parte de la autoridad minera de Andalucía”.
No obstante, la responsable de la Consejería de Medio Ambiente ha afirmado que, tal y como recoge la Proposición No de Ley aprobada por el Parlamento el 3 de octubre y en aplicación del Principio de Precaución, el “Gobierno andaluz adoptará cuantas medidas se estimen necesarias para dejar sin efecto las autorizaciones concedidas para la realización de estudios prospectivos mediante esta técnica”.
Considerando las normas y procedimientos medioambientales para autorizar o conceder actividades de extracción de hidrocarburos, Serrano ha aclarado que hay que distinguir dos fases bien diferenciadas. Una de exploración e investigación, que requiere permiso estatal o autonómico, y otra de explotación del yacimiento, que en caso de hidrocarburos, requiere una autorización exclusivamente de la Administración General del Estado.
Por último, la consejera ha recordado que desde hace años el Gobierno de la Junta tiene como objetivo la transformación de nuestro “sistema energético hacia una opción sostenible”, así como la aplicación y fomento de las energías renovables y la persecución de la eficiencia energética.