La consejera andaluza de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha pedido «flexibilidad total» del Estado en la aplicación de la nueva PAC para evitar un coste adicional al sector, a la vez que ha pedido al Gobierno central que «haga caso a quienes están en el terreno y saben bien lo que ocurre en el campo, llegue a la flexibilidad total y deje más tiempo para adaptarse a los ecorregímenes», cuya entrada en vigor coincide con «un momento difícil de inflación, altos costes de producción y sequía».
Crespo ha mantenido un encuentro con el presidente de Asaja-Jaén, Nicolás Vico, y representantes de esta organización agraria de Alcalá la Real (Jaén), en la que también ha participado el alcalde de esta localidad jiennense, Marino Aguilera. En esta reunión se han abordado temas de gran interés para los profesionales del campo de Andalucía en general, y de Jaén en particular, como los cambios que conlleva la entrada en vigor de la nueva PAC.
Carmen Crespo ha recordado que «Andalucía ha sido la primera Comunidad Autónoma de España que ha pedido flexibilidad» con el fin de que la aplicación de la PAC en 2023 «no se convierta en un coste adicional que desincentive el desarrollo de las prácticas medioambientales por parte de los agricultores y ganaderos». La consejera ha solicitado al Gobierno central que «haga caso a quienes están en el terreno y saben bien lo que ocurre en el campo, llegue a la flexibilidad total y deje más tiempo para adaptarse a los eco-regímenes«, cuya entrada en vigor coincide con «un momento difícil de inflación, altos costes de producción y sequía».
Las estimaciones de la Consejería de Agricultura apuntan a que el olivar andaluz, cultivo de gran relevancia en el territorio jiennense, perderá alrededor de 79 millones de euros en el período de aplicación de la nueva PAC (2023-2027). Como ha apuntado Carmen Crespo, las pérdidas alcanzarán un 7% en la zona de Alcalá la Real (2 millones de euros) a pesar de que «los agricultores lo han hecho bien y que otras zonas no pierden fondos».
La consejera se ha mostrado a favor de «apoyar a un olivar rentable» y ha destacado el carácter ambiental y social de esta cultivo, que contribuye a la conservación del medio ambiente y «al mantenimiento del mundo rural». Al respecto, ha comentado que las alegaciones presentadas desde Andalucía, «por unanimidad con las cooperativas y las organizaciones agrarias», se incluía una cuestión «sentido común» como designar el olivar como «ecoesquema per se. Es decir, que los olivareros, especialmente aquellos con fincas en terrenos con más dificultades, no tuviesen que llevar a cabo nuevas prácticas medioambientales, sino que cumplieran con los requisitos de la nueva PAC con las medidas que ya vienen poniendo en práctica dirigidas por el Greening», ha explicado Carmen Crespo, apuntando que, desgraciadamente, «no ha sido posible».