La consejera ha contrapuesto esta apuesta “sin paliativos” de la Junta a la política del Partido Popular, a” la vista del bocado brutal e incomprensible de 258 millones de euros que han dado al desarrollo rural de Andalucía en la reforma de la Política Agrícola Común”.
La titular de la agricultura andaluza ha recordado que la Junta ha adoptado las “medidas correctas, que están dentro de la normalidad, de la legalidad y los cauces habituales”, después de que en abril de 2013 los mecanismos rutinarios de control de la Junta detectasen errores en la justificación de algunos pagos de los GDR.
Según lo previsto en los procedimientos habituales para estos casos, se inició un proceso de mejora de los sistemas de control acorde con la normativa comunitaria y que incluyó un conjunto de actuaciones correctoras entre las que se incluía la cautela temporal.
Esta suspensión temporal ha finalizado tras emitirse el informe favorable del órgano de certificación que verifica la corrección de dichas incidencias.