La Junta de Andalucía está consensuando con el sector agrícola una normativa específica para regular las campañas de recolección en las que participan temporeros con el objetivo de extremar las precauciones contra la covid-19 pero en la que obvia completamente la cuestión de los PCR y, especialmente, de quién debe hacerse cargo de su coste.
Según ha informado la Consejería de Agricultura, miembros de este departamento y de los de Salud y Empleo, se han reunido con representantes del sector para consensuar esta normativa dirigida a los titulares de las explotaciones, que se explicitará en una orden que aprobará el Consejo de Gobierno. En esta normativa podría incluirse una declaración responsable de los titulares de las explotaciones para el seguimiento y control del personal contratado.
Carmen Crespo ha explicado que el Gobierno andaluz pretende dar «un paso más» para garantizar la seguridad de los trabajadores temporales que llegan a la comunidad. y ha recordado que «el campo no ha parado en ningún momento y ha ayudado a abastecer a medio mundo siguiendo estrictamente los protocolos sanitarios».
«Las campañas agrícolas están muy cercanas en el tiempo y tenemos que conseguir que los niveles de seguridad sean los máximos y que en el caso de que se detecten contagios de covid-19 todos los protocolos estén activados para facilitar la mejor reacción y rastreo. Queremos garantizar que la recolección se realiza con la máxima normalidad», ha afirmado la consejera.
SI UN TRABAJADOR SE NIEGA A HACERSE UN PCR AL SER CONTRATADO, LA EMPRESA NO DEBE HACERSE CARGO DEL COSTE EN CASO DE UN POSITIVO
Sin embargo, en el borrador de esta orden se obvia completamente la cuestión de los PCR, dejando un vacío que algunas organizaciones agrarias no entienden. Desde Asaja Cádiz, su asesor juridico, Manuel García Matas, aclara que «cuando se contrata a un trabajador éste es libre de reclamar un examen médico o negarse a hacerlo. Si lo pide, será la empresa quien asuma ese coste dentro de su Plande Prevención, pero si lo rechaza y luego sale algún caso de contagio deberá ser la Junta de Andalucía quien deba afrotar el coste».
En cualquier caso, lamenta que la Junta obvia completamente la cuestión de los PCR, aunque considera que «el problema no es tanto el coste de una PCR sino de toda la traba burocrática que se exige a las empresas agrícolas». En este sentido, confía en que muchos de las aspectos de este borrador de orden se puedan cambiar antes de su aprobación definitiva, no solo en cuestiones como la PCR sino de información de los trabajadores y de otros aspecctos puntuales.
Esta orden se sumará a la guía de recomendaciones publicada en julio en la que se especifican la pautas a seguir por los temporeros para garantizar que la covid-19 no se propague y se recomienda que cada explotación elabore un Plan de Contingencia frente a la covid-19.
Como medida primordial establecida en la guía, se incluye un seguimiento de los temporeros para garantizar un movimiento seguro, estableciendo, si es preciso, periodos de cuarentena.
También se fija la utilización de guantes y mascarillas en la recolección y, en caso de que no sea factible, el distanciamiento interpersonal y tratar en la medida de las posibilidades de fijar cuadrillas encargadas de seguir las pautas marcadas por la Consejería de Salud.
Según la Consejería, es necesario que las cuadrillas sean un grupo de trabajo estable sobre las que pivotarían las medidas preventivas y que no se mezclen entre sí.
Además, la guía pone especial atención en los desplazamientos, en las entradas y salidas de la explotación, en el desarrollo del trabajo y en los alojamientos, con la fijación de turnos, restricción de visitas, limpieza y desinfección o cartelería informativa.
Si una persona presenta síntomas de covid en los alojamientos no acudirá a la explotación hasta no contar con una valoración médica que lo permita, permaneciendo en todo momento aislada. Tampoco acudirán los trabajadores en cuarentena o que sean casos confirmados, que también se aislarán.