En torno a un 15% del importe total de la ayuda a la renta aplicada en Aragón, procedente de la PAC, no repercute en la mejora de las rentas de los agricultores ni constituye un incentivo para mejorar la actividad, según se recoge en el análisis del apoyo a las rentas agrarias en Aragón realizado por el servicio de Modernización de Explotaciones de la Dirección General de Desarrollo Rural cuyos resultados servirán para diseñar políticas de mayor apoyo a los profesionales y a la agricultura familiar, en el marco del anteproyecto de Ley de Promoción y Modernización de la Agricultura Familiar y de cara a la negociación de la futura PAC y donde también se advierte del peligro de recortar las ayudas a los jubilados.

En la rueda de prensa de presentación del informe, el director general de Desarrollo Rural, Jesús Nogués, ha recordado que el objetivo con el que nació la PAC fue el de equiparar las rentas de los agricultores con el resto de sectores, sin embargo, «no hay una relación clara entre los parámetros de renta y la ayuda a la renta».

El motivo es que la cuantía y el criterio de distribución de la ayuda individual depende de la superficie y de los derechos históricos y no tiene en cuenta la renta, lo que supone «una seria obstrucción para la necesaria redistribución de los recursos aplicados en favor de quienes acreditan una mayor dependencia de la actividad agraria», según las conclusiones del informe.

De acuerdo con el análisis de las 32.635 explotaciones analizadas, sólo el 9% de los profesionales tienen una renta equiparable al resto de la ciudadanía, mientras que el 49% de los perceptores de la PAC tienen unas ventas anuales inferior a los 20.000 euros pero consumen el 15% de las ayudas, unos 68 millones de euros anuales.

La media de la renta para todo Aragón no alcanza los 48.000 euros anuales frente a los 130.000 euros de Francia o los 175.000 de Alemania.

EL 38% TIENEN MÁS DE 65 AÑOS, PERO EL 40% TIENEN UNA PROFESIONALIDAD SUPERIOR AL 50% Y  ADVIERTEN DEL RIESGO DE RECORTAR LAS AYUDAS

Atendiendo a la profesionalidad, la distribución de la ayuda tampoco es adecuada puesto que más del 26% de los perceptores (8.573) tienen una profesionalidad inferior al 25%, es decir, la tercera parte de los ingresos proceden de otras actividades no agrarias, jubilaciones, etc, y consumen 25 millones de euros, el 5% de la ayuda.

El 38% (12.612 agricultores) tienen más de 65 años, sin embargo, el 40% tienen una profesionalidad superior al 50% por lo que el informe advierte de la necesidad de ser prudente a la hora de recortar las ayudas (tal y como ya empieza a oír algunas voces tanto dentro como fuera de España) , si bien, en global consumen el 23% de las ayudas (78 millones de euros, 7.100 euros por perceptor).

Los profesionales menores de 40 años, que suponen el 10 % de los perceptores, perciben 53 millones de euros anuales, unos 18.500 euros por explotación pero son también, como ha apuntado la jefa del servicio de Modernización de Explotaciones, María José Poblet, quienes presentan unos índices mayores de profesionalidad, mayor productividad y mayor dimensión económica y, sin embargo, su renta media solo alcanza el 66 % de la Renta de Referencia, fijada en 28.725 euros.

Por tanto, según concluye el estudio, en función de la edad, la distribución de la PAC tampoco es la adecuada, al margen de recortar las ayudas a los jubilados o no..

Tampoco lo es en función del criterio de equilibrio territorial, puesto que no en todos los casos las comarcas con más renta agraria son las que reciben más ayuda ni son las que reciben más ayuda las que posteriormente tienen mayor renta.

DESTACA LA NECESIDAD DE PROFUNDIZAR EN LA DEFINICIÓN DE «AGRICULTOR GENUINO» PARA EVITAR  ANOMALÍAS EN LA PRÓXIMA REFORMA DE LA PAC

El estudio observa además que solo el 41% de los perceptores están afiliados al Régimen de la Seguridad Social por cuenta propia agraria, pero agregan el 78% de la producción estándar y reciben el 73% de la ayuda.

Entre las conclusiones del informe figuran la necesidad de profundizar en la definición de «agricultor genuino» para evitar las citadas anomalías en la próxima reforma de la PAC; de avanzar en la configuración del Registro de Agricultores y Ganaderos como herramienta fundamental para la gestión del apoyo público a estas actividades, en particular las que se llevan a cabo en el marco del modelo familiar agrario.

Un modelo, que advierte el informe, «no solo sufre una grave brecha de renta, sino que está experimentando una paulatina reducción de su contribución a las macromagnitudes agrarias» y pone de manifiesto que este tipo de agricultura se encuentra «gravemente amenazada» y de ahí la necesidad de la futura Ley aragonesa.

Por último señala que la PAC debe contribuir a la mejora de la integración ambiental de la agricultura y a un desarrollo territorial más equilibrado mediante la equiparación de la renta de los agricultores con la del resto de los ciudadanos y atender a que la actividad se realice de forma eficiente y productiva.