EFE.- Con pancartas con mensajes como "Todos somos hijos del maíz", "Somos maíz", "No a los transgénicos" y "No al maíz transgénico", cerca de un centenar de ambientalistas y campesinos piden a la Comisión Nacional de Bioseguridad, reunida este lunes, que descarte la siembra de maíz transgénico.
La empresa D&PL Semillas Ltda, subsidiaria de la internacional Monsanto, solicitó a la Comisión Nacional de Bioseguridad del Estado sembrar una hectárea de maíz genéticamente modificado en la noroccidental provincia de Guanacaste, como parte de una investigación sobre resistencia a plagas.
Datos de la Comisión Nacional de Bioseguridad indican que en Costa Rica hubo pequeñas siembras de maíz transgénico menores a dos hectáreas en 1992, 1993, 1995, 1998, 1999 y 2000.
Para 2011, último dato oficial disponible, Costa Rica contabiliza 394,3 hectáreas de algodón transgénico, 44,6 de soya, 3,2 de piña y una de banano, todas para investigación o exportación de semilla y no para consumo humano.
La Comisión se encuentra reunida este lunes para analizar la petición, pero indicó en un comunicado que aún no sabe si tomará una decisión este mismo día o si lo postergará, como lo ha solicitado la Defensoría de los Habitantes, que aboga por 30 días más para que las partes aporten información.
El biólogo Ignacio Arroyo, activista del Bloque Verde, declaró este lunes a Acan-Efe que, aunque se trata de solo una hectárea, otorgar el permiso sentaría un precedente para que otras empresas hagan lo mismo y se "adueñen de patentes sobre seres vivos".
Arroyo comentó que existe el riesgo de que el maíz transgénico se propague, dañe y sustituya variedades criollas, y que además no existen estudios sobre los efectos que este tipo de cultivos tiene sobre la salud humana, el medioambiente o el ámbito socioeconómico.
El activista instó a la Comisión de Bioseguridad a que escuche la posición de los campesinos y ambientalistas, pues aseguró que los cultivos transgénicos son "una forma en que las compañías se adueñan de las semillas con miles de años de existir".
La protesta de este lunes es la culminación de una caminata de unos 250 kilómetros en defensa del maíz criollo que un grupo de activistas realizó durante una semana desde la provincia de Guanacaste hasta San José.
Durante la caminata los participantes realizaron actividades informativas en las comunidades por donde pasaron y lograron recolectar 7.500 firmas que adjuntaron a un documento presentado ante la Comisión de Bioseguridad.
"La población se ha interesado, se ha informado y no es justo que ante una situación que afecta a todos los costarricenses se crea que atañe solo a los miembros de la comisión", expresó Arroyo.
Dijo que en caso de que se apruebe el permiso los grupos ambientalistas acudirían a "instancias legales" para proteger "derechos constitucionales".
Para el biólogo el país debe "declarar una moratoria al maíz transgénico", pues existe una iniciativa de universidades, ecologistas y campesinos para que el Ministerio de Cultura declare ese cultivo como patrimonio cultural de Costa Rica.