El líder del sindicato agrario gallego UUAA, Roberto García, ha denunciado la actitud de las autoridades españolas en la propuesta de recortar subsidios de la Política Agrícola Comunitaria (PAC) de la Unión Europea (UE) y cuestionó que haya beneficiarios que son «agricultores de sofá». Para paliar este recorte, el sindicato plantea una bolsa común entre comunidades autónomas de modo que se garantice una «redistribución equitativa» de los fondos, ya que, de no ser así, advirtió de que Galicia «saldría perjudicada» y advierte de que el recorte previsto supondrá para España una reducción del 17,97% en el presupuesto destinado a subvenciones agrícolas y ganaderas.

En una conferencia de prensa en Santiago de Compostela, García dijo que «España es el único Estado miembro» de la Unión Europea que «sigue manteniendo el agricultor de sofá y el agricultor sin actividad agraria» y acusó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, de ofrecer cifras «maquilladas» sobre la propuesta de reforma de la UE.

800.000 beneficiarios de la PAC mientras que solo hay 340.000 afiliados a la Seguridad Social

Subrayó que si bien la UE no exige acabar con esos beneficiarios, consideró que es «inmoral», y apuntó que España «moderó un poco en la última reforma» su postura con los beneficiarios de subsidios agrícolas, pero «con unos requisitos con los que prácticamente sigue teniendo más de 800.000» beneficiarios.

Observó que eso contrasta con los datos de la Seguridad Social que muestran que hay 340.000 agricultores y ganaderos en España, por lo que sugirió que los beneficiarios de ayudas de la PAC deberían estar sujetos a criterios más ajustados a la realidad agraria.

El secretario general del sindicato UUAA (siglas de Unións Agrarias) sugirió la necesidad de aplicar «criterios mínimamente exigentes» para acreditar la actividad agrícola o ganadera o para documentar el comercio de la producción, en lugar de conceder ayudas a los propietarios de tierras pasivos.

Abogan por una bolsa común entre CCAA y acabar con los derchos históricos

Asimismo, García abogó plantea una «bolsa común» entre comunidades autónomas de modo que se garantice una «redistribución equitativa» de los fondos, al señalar queen los criterios para conceder los subsidios de la UE «no se establezca discriminación de lugar» ya que «un ganadero de cuarenta vacas deber cobrar lo mismo si está en Vilaba (Lugo) que si está en Los Pedroches (Córdoba», comentó.

En Galicia «hay bastantes propietarios que tiene tierras y no las trabajan», aunque «menos» que en otras zonas de España, y que tienen subsidios de la PAC, pero «no cobran el paro».

Sin embargo, comentó que «el tema fundamental del agricultor de sofá sigue siendo aquel que tiene inmensas propiedades en Extremadura, Andalucía o Castilla La Mancha y domicilio fiscal en la calle Serrano de Madrid».

Consideró que en muchos de esos casos, «posiblemente sus rentas tienen más que ver con el capital inmobiliario o los consejos de administración, que con la actividad agraria», y opinó que debería cuestionarse «cuántos empleos generan» sus negocios agrícolas.

García indicó que si España decidiera adoptar, como parte del plan estratégico de la UE para el periodo 2021-2017, rechazar la concesión de ayudas de la PAC a los «propietarios de tierra con derecho histórico» que no ejercen actividades agrícolas, los beneficiarios serían menos de 350.000.