La Alianza UPA-COAG ha solicitado a la Junta de Castilla y León que de forma urgente abone ayudas pendientes de pago de campañas pasadas en líneas fundamentales como incorporación, mejora, agroambientales y ecológicas, entre otras. De esta forma se podrá hacer frente a los costes y pérdidas que está generando la actual sequia en la región.
La organización recuerda que la grave situación que sufre el sector actualmente debido a la sequía, que ha afectado a la totalidad de cultivos y a los pastos, y a las heladas que han generado también importantes daños requiere de actuaciones urgentes por parte del Gobierno regional. Además la falta de tesorería que sufren los agricultores y ganaderos por los precios tan bajos percibidos la campaña pasada «hacen absolutamente necesario» que la Administración regional agilice ya mismo las ayudas pendientes a los profesionales del sector.
La Alianza lamenta exista este retraso en los pagos «cuando nos encontramos en unos momentos tan delicados para las explotaciones familiares»
La Alianza UPA-COAG recuerda que la Junta de Castilla y León aún tiene pendiente de abonar a los agricultores y ganaderos de esta comunidad autónoma una partida económica muy importante correspondiente a campañas pasadas, a lo que habría que sumar la cofinanciación del Magrama y de la Unión Europea.
La organización lamenta que exista este retraso en pagos tan importantes como la mejora de la competitividad de las explotaciones agrarias, incorporación de jóvenes, modernización de explotaciones, zonas desfavorecidas y agroambientales, entre otras, «cuando nos encontramos en unos momentos tan delicados para las economías de las explotaciones familiares».
Hacemos un llamamiento al sentido común de las administraciones para que cumplan su compromiso y agilicen el pago de ayudas pendientes en unos momentos como los actuales de endeudamiento severo y con previsiones muy negativas de ingresos. «Todo lo que sea buscar excusas administrativas para ralentizar y demorar dichos pagos sería una irresponsabilidad absoluta, y supondría la puntilla definitiva a la viabilidad económica y supervivencia de muchas explotaciones profesionales agrarias», advierten.