Para la organización agraria, dicho "tratamiento igualitario no sólo es injusto en relación al diferente perjuicio que se ocasiona al propietario de los derechos, infinitamente mayor en el caso de fines comerciales, sino que además, se ha de tener presente que tanto la normativa comunitaria (Reglamento 1768/95 de la Unión Europea) como la legislación española (Ley 3/2000 y Real Decreto 1261/2005) establece excepciones al derecho del obtentor de variedades vegetales para los productores agrarios".
Por eso, la Unión de Uniones insistirá en el trámite parlamentario y a los diferentes grupos "en la necesidad de discriminar entre finalidad agraria y comercial, ya que de no hacerlo así se ocasiona una profunda injusticia perjudicando al eslabón más débil, en este caso, el agricultor."
Aplauden las mayores condenas, pero piden más medios
Asimismo, la organización agraria recuerda que las enmiendas al articulado del Código Penal aumentan las penas cuando los hurtos y robos se producen en las explotaciones agrarias o se refieren a productos característicos de las mismas (cableados, tubos, gasóleo, cosechas, instalaciones de riego, etc.).
La Unión de Uniones, considera "imprescindible esta medida, pero no suficiente, para reducir el número de delitos en el medio agrario. La reforma del Código Penal debe fortalecerse con una mayor dotación de medios personales y materiales a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado especializadas en este tipo de delincuencia, la mejor coordinación de las administraciones implicadas, el control sobre la compra-venta de los materiales sustraídos y la intensificación de las medidas de empleo y el fortalecimiento de los servicios sociales en el medio rural", señala la organización..