Juan Miguel del Real / Subdirector de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha
Mucho se habla últimamente sobre el riesgo de despoblamiento que sufre el medio rural de Castilla-La Mancha. Ya es preocupante que nuestra región sea la comunidad autónoma con menor densidad de población de toda España con tan solo 25,7 habitantes/km², llegando a cifras especialmente alarmantes en determinadas comarcas de la región en las que la densidad desciende a menos de 4 habitantes/km² y lo que es más importante, sin expectativas de que estos valores mejoren en los próximos años, más al contrario con tendencia a decrecer.
Además, la población en el medio rural está cada vez más envejecida y ello conlleva que en los próximos años, por propia ley de vida, la población vaya reduciéndose paulatinamente en muchos de los pueblos de nuestra región. Por el contrario, los más jóvenes siguen emigrando a los núcleos urbanos.
Teniendo claro el diagnóstico, es responsabilidad de todos buscar urgentemente soluciones a esta situación que, como en tantos otros problemas estructurales, no serán fáciles de alcanzar. Por todo ello, tenemos que ser capaces de retener y atraer a los jóvenes para que se queden en los pueblos y sigan cultivando las tierras de sus antecesores, garantizando así que las cooperativas agroalimentarias, ahora presentes en la mayor parte de los pueblos de la región, puedan seguir ejerciendo su actividad económica y creando riqueza. Sin agricultores no hay producción y sin ésta las cooperativas dejan de ser viables.
En este sentido, la Consejería de Agricultura está haciendo importantes esfuerzos por fomentar la incorporación de jóvenes a la agricultura destinando una importante partida de los fondos de desarrollo rural a tal objetivo.
Sin embargo, mucho nos tememos que las ayudas públicas, aun siendo importantes, no serán suficientes si no abordamos estas estrategias claves: el acceso al agua para regadío y los servicios básicos para garantizar la calidad de vida de la población.
Sin agua no hay agricultura. El agua es un bien público pero no es de todos y menos con una legislación y un modelo de gestión hídrica como el actual basado en derechos históricos del siglo pasado con el que solo unos pocos privilegiados tienen derecho a regar.
Pero también es cierto que no solo de agua vive el hombre. La población rural, por escasa que sea, requiere de servicios de calidad para poder satisfacer sus necesidades básicas de sanidad, educación, comercio, ocio, etc. En este entorno, además de las políticas públicas que se han puesto en marcha recientemente para ayudar al sostenimiento de las zonas más desfavorecidas (las zonas ITI son un claro ejemplo), las cooperativas agroalimentarias deben ser un agente protagonista a la hora de liderar la puesta en marcha de este catálogo de necesidades básicas que la población demanda en cualquier lugar en que se asienta. En este sentido, la nueva figura de la Cooperativa Rural que recientemente ha sido regulada en nuestra región por la Ley 4/2017, puede ser una herramienta clave para ese necesario desarrollo rural, acogiendo en su seno otras actividades que, yendo más allá de la actividad agroalimentaria, ayuden a la dinamización, el desarrollo y la generación de valor en el medio rural, cubriendo todas las necesidades de sus habitantes, aumentando su calidad de vida de los mismos y garantizando la igualdad de oportunidades de todas las personas vinculadas a la cooperativa y al medio rural. Ahora será posible que veamos cooperativas que integren en su seno actividades agrarias, de servicios educativos, culturales, asistenciales a personas dependientes, de integración social, actividades de consumo, turismo rural, ocio y tiempo libre, etc.
Por tanto, no es momento de análisis teóricos y es el momento de pasar a la acción. Si queremos hacer atractivo el medio rural para nuestros jóvenes, garantizar el relevo generacional y evitar que en las próximas décadas una parte importante de nuestra región tenga pueblos abandonados como ya ocurre en otras zonas de la llamada España profunda, debemos de alinear todos los esfuerzos públicos y privados para facilitarles el acceso a la tierra, luchar por conseguir un acceso justo de todos al agua y garantizar servicios de calidad a sus habitantes.
Con agua y servicios, yo me quedo en mi pueblo.