Las organizaciones agrarias (Asaja, COAG y UPA) y Cooperativas Agro-alimentarias han exigido que la nueva ley prohíba las ventas a pérdidas o por debajo de los costes de producción, que corrija los desequilibrios y aporte transparencia y seguridad jurídica en la cadena.
El subdirector general de Cooperativas Agro-Alimentarias, Agustín Herrero, ha calificado el proyecto de ley de "valiente" y ha recordado que el sector agrario, el cooperativo, la patronal alimentaria (FIAB) y Promarca presentaron enmiendas conjuntas para fortalecer este proyecto de ley.
Entre sus peticiones figura la obligatoriedad de los contratos por escrito para todas las transacciones comerciales de más de 2.000 euros o donde no se pague al contado; que se prohíba cambiar con carácter retroactivo las condiciones de los mismos o que se discrimine las marcas comerciales a favor de las del distribuidor.
Sobre la venta a pérdidas, el presidente de Asaja, Pedro Barato, ha remarcado que no quieren "un BOE con precios fijados por decreto ley"; mientras que el secretario general de COAG, Miguel Blanco, ha denunciado el "abuso de posición dominante" de la gran distribución, que provoca que los agricultores cobren precios de hace veinte años y los consumidores paguen un diferencial del 450%.
"Hay margen más que suficiente para un reparto más equitativo", ha apuntado el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, quien ha denunciado que la gran distribución vende a pérdidas porque "las trasladan al campo".
Desde la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), su secretario general, Horacio González-Alemán, ha alabado que la ley establezca el contrato como la base reguladora de las relaciones mercantiles entre los eslabones de la cadena.
"Nos parece clave para impulsar la transparencia, el equilibrio y la reciprocidad", ha subrayado González-Aleman, que también ha pedido que se incluya una lista de las prácticas abusivas de la distribución y de sanciones.
Sobre estos abusos, el presidente de Promarca, Ignacio Larracochea, ha denunciado que la distribución niega a las marcas de fabricante acceso a sus lineales, no acepta promociones que hagan sus productos más atractivos frente a los de marca blanca, o les imponen márgenes excesivos que les restan competitividad.
"Nuestro distribuidor es también nuestro principal competidor, por lo que hay que preguntarse qué criterio prima en sus relaciones con las marcas de fabricante", ha detallado.
Para salir del paso de las críticas, las tres patronales que agrupan al sector de la distribución (Anged, Asedas y Aces) han reclamado que la ley de la cadena no se convierta en una ley "en contra" de su sector y han defendido que las prácticas abusivas que se les achacan "son casos aislados".
"Se tiende a homogeneizar las relaciones dentro de la cadena, cuando no tiene nada que ver el mercado de fresco con el de envasado; o las relaciones entre productores e industria, con las de industria y distribución", ha precisado el director general de la Anged (Asociación de Grandes Empresas de Distribución).
Por parte de Asedas (Asociación de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados), su director general Ignacio García Magarzo ha indicado que comparten "los fines y lo esencial", aunque ha expresado su preocupación por que la ley "quiera regular demasiado y rompa la unidad de mercado".
La misma preocupación ha sido señalada por la patronal Aces (Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados) y su director general, Aurelio del Pino, ha abogado además por que la ley vele para que las empresas agroalimentarias españolas sean rentables, innovadoras y enfocadas a las demandas del mercado.
Por su parte, las organizaciones de consumidores han coincidido en pedir que la norma garantice la competencia y establezca un régimen sancionador con efectos disuasorios ante abusos.
El director general de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), José María Múgica, ha subrayado que la falta de competencia lleva a la concentración y la prevalencia de las marcas de distribución.
Desde la Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de España (Unccue), su presidenta Ana Isabel Ceballo, ha manifestado que el texto tal y como está ahora elude cuestiones como las prácticas desleales o la venta a pérdida.