La polémica abierta este varano con la definición de la figura del agricultor activo y los cambios que desde Bruselas se quieren imporner en España sigue coleando, aunque la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en funciones, Isabel García Tejerina, ha afirmado este miércoles 28 que el número de perceptores de ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) se reducirá este año un 12%, lo que significa que «quedan fuera» explotaciones que no cumplen requisitos mínimos de actividad.
García Tejerina ha respondido así, en declaraciones durante el Día del Consumo Lácteo en las Escuelas, a preguntas sobre los cambios que impulsa Bruselas sobre la denominación de «agricultor activo» y que podrían relajar los criterios para esa clasificación, a la hora de otorgar las subvenciones.
La ministra ha subrayado que «este Gobierno ha utilizado en la aplicación de la reforma de la PAC todos los mecanismos posibles para centrar las ayudas solo en las explotaciones con actividad».
la ministra deja claro que hay mecanismos para que los campos de golf no cobren las ayudas de la pac
Dentro de las medidas en esa línea ha citado la definición de la figura del «agricultor activo» con unos mínimos de actividad, requisitos de rotación de cultivos o de densidades ganaderas, entre otras actuaciones para primar a las explotaciones «que asumen riesgos y generan riqueza».
Como consecuencia, ha citado que en las declaraciones de este año para recibir los pagos de la PAC se han reducido un 12% los perceptores, lo que ha calificado como positivo, porque quiere decir que «han quedado fuera del sistema explotaciones que no cumplen con los requisitos exigidos».
En cuanto a la posibilidad de que los dictámenes de Bruselas favorezcan que se puedan integrar en la PAC campos de golf u otros tipos de titulares de explotaciones ajenos al ámbito agrario, la ministra ha manifestado que España «actuó en el sentido contrario».
En el caso de que la regulación de la Unión Europea sea más flexible, ha añadido, seguiría en vigor «la lista negativa» y España «ya ha adoptado medidas» para dar legitimidad a los apoyos y para primar a los que «den un beneficio a la sociedad» en contrapartida por las ayudas públicas.