José María Fresneda Fresneda / Secretario General de ASAJA Castilla-La Mancha

Los pueblos se quedan sin gente. Ya hay centenares de estudios que así lo avalan. Según el informe emitido por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) “Población y despoblación en España 2016”, la mitad de todos los municipios españoles se encuentran ya en riesgo de extinción y un total de 1.286 localidades no superan los 100 empadronados. Para hacernos una idea, desde el año 2008 al 2016, solo en Cuenca, 5.625 personas han dejado de vivir en la geografía provincial con destino a otros lugares, como así desvelan los datos del Instituto Nacional de Estadística. De hecho, la misma Unión Europea habla de “desierto demográfico” cuando analiza la densidad de población de tres provincias con un muy alto riesgo de despoblación: Soria, Cuenca y Teruel.

Los expertos coinciden en que la mejora de servicios, de infraestructuras de transporte y de telecomunicaciones son claves para luchar contra la despoblación. Pero, sobre todo, la creación de empleo, especialmente para los jóvenes y las mujeres, es el quid de la cuestión. La estabilidad laboral y la equiparación de los salarios entre los trabajos en el medio rural y los de las ciudades es fundamental para que los jóvenes, de los que depende el futuro de los pueblos, tengan el aliciente necesario para quedarse y no emigrar a la ciudad.

El periodista y escritor Sergio del Molino, autor de “La España Vacía”, subraya la “desidia” administrativa como culpable del declive rural. Y añade: “Al no haber un tejido económico que sustente el campo, se quitan servicios, y este hecho impide a su vez el retorno de negocios que pudieran reactivarlos”. Como una espiral. Son muchos los emprendedores que han intentado abrir negocios en el mundo rural, pero al final, ha llegado la ruina y se han visto obligados a echar el cierre.

Lo curioso es que la despoblación no es un fenómeno nuevo que haya aparecido de la noche a la mañana, aunque algunos lo hayan descubierto ahora. La novedad es que se está produciendo un cambio en la sensibilidad política y nuestros dirigentes regionales, nacionales y comunitarios ya han incluido en sus agendas el tema de la despoblación.

El Gobierno de España está trabajando en la “Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico”. La iniciativa pasa por diseñar un plan de futuro global y transversal para paliar la problemática del progresivo envejecimiento poblacional, del despoblamiento territorial y de los efectos de la población flotante. Estrategia que debería estar aprobada en 2017, según fuentes del propio Ministerio de Agricultura.

También el Gobierno regional anunciaba una partida específica en los presupuestos de la Junta de tres millones de euros a actividades para la recuperación socio-económica en zonas despobladas.

Lamentablemente, después de tantos años y múltiples propuestas, el problema sigue existiendo. Los sucesivos programas Leader, Proder… no han dado los resultados deseados contra la despoblación. Ha llegado la hora de cambiar de criterio y de filosofía si queremos que estas nuevas iniciativas no caigan en saco vacío o terminen convirtiéndose en una de esas gruesas publicaciones que nadie lee.

Para ello, lo fundamental es apostar por aquellas actividades que sí han demostrado su capacidad de dar la vuelta al proceso de declive económico y demográfico, es decir, aquellas que afianzan los recursos ya existentes en cada zona. Y es precisamente la agricultura la actividad que mejor reúne estas características. Porque el campo no se puede deslocalizar y llevarlo a las grandes urbes. Afortunadamente, la agricultura está en los pueblos.

Así pues, para comenzar desde ASAJA de Castilla-La Mancha consideramos que el primer paso es realizar un verdadero diagnóstico territorial, en el que se zonifiquen las comarcas y se desarrolle un exhaustivo inventario de los recursos con los que cuenta cada territorio.

Las tierras de cultivo son un recurso inherente en los pueblos. Sin embargo, los que las trabajan, los agricultores, cuentan con muchas limitaciones naturales, como la sequía, inundaciones o las tormentas de granizo. Otras veces, las limitaciones derivan de otras causas, como la política conservacionista, que establecen figuras de protección medioambiental con impedimentos que frenan el desarrollo de la actividad. Y otras limitaciones proceden de la nula voluntad política de arreglar los problemas, como la falta de infraestructuras hidráulicas para llevar agua o las plagas de animales de caza.

Con tan poco atractivo, es imposible favorecer el relevo generacional en las explotaciones agropecuarias para evitar el éxodo a las ciudades. Ni se da continuidad a las actividades ya existentes, ni se amplían con la puesta en marcha de nuevas.

Así pues, cualquier estrategia contra la despoblación debe priorizar el empleo agrario y, especialmente, a los jóvenes. Para ello, es fundamental la correcta distribución de los fondos, fundamentalmente los procedentes de la Unión Europea. Y, a continuación, se deben poner en marcha medidas que favorezcan de manera personal y directa a quienes pueblan las zonas rurales, con una política fiscal discriminatoria en positivo, reduciendo la burocracia, aumentando las inversiones y mejorando el acceso a la financiación, entre otras. De lo contrario, nuestros pueblos serán historia.