La Mesa del Congreso de los Diputados ha admitido a trámite la Iniciativa Legislativa Popular presentada el pasado 29 de enero por SOS Rural. La decisión de la Cámara ha sido comunicada a los firmantes del escrito, a quienes se informa de que se da traslado del trámite inicial de la ILP a la Junta Electoral Central y al Senado. Así ha quedado recogido en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, con arreglo a las disposiciones reguladoras de este tipo de iniciativas, que tienen ahora nueve meses para recoger 500.000 firmas para que se debata.
La “Proposición de Ley para la Protección de la Agricultura, la Economía Rural y la Seguridad Alimentaria” presentada por SOS Rural tiene como objetivo proteger por ley las actividades primordiales del sector primario. El objetivo central es proteger la agricultura, la ganadería y la pesca, así como el conjunto de la economía rural en España, ya que es un “sector estratégico que aporta un gran valor económico, social, territorial y medioambiental, y que se encuentra sometido a fuertes presiones y amenazas que requieren de una respuesta regulatoria integral”.
La ILP es un mecanismo de democracia directa amparado en la Constitución, por la que los ciudadanos pueden presentar proposiciones de ley al Congreso si reúnen al menos 500.000 firmas en un plazo de nueve meses después de que la Junta Electoral Central dé carta de naturaleza a este proceso.
Esta admisión de la ILP supone “un gran éxito para toda la España rural, ya que se ha conseguido, como mínimo, que el poder legislativo tenga conocimiento directo de los problemas que amenazan con hacer desaparecer la actividad y la forma de vida de nueve millones de personas, pero también de las soluciones concretas y meditadas que se proponen”, ha declarado uno de los promotores, Adolfo García Albaladejo, miembro fundador de SOS Rural, presidente de la Fundación Ingenio, agricultor y gerente de una empresa agraria de producto ecológico.
Este trámite, tras ser admitida a trámite, “avala la estrategia de trabajo de largo recorrido de SOS Rural en la calle, en las cooperativas y con las organizaciones independientes, pero también en las instituciones en las que se toman las decisiones”, aseguró la portavoz de SOS Rural, Natalia Corbalán, quien reivindicó la “intensa actividad poco efectista, pero sí eficaz, como acabamos de comprobar, de nuestra plataforma unitaria, a la que invitamos a unirse a todos los sectores del mundo rural que tengan ganas de hacer un trabajo serio, profesional y sensato, pero con firmeza, paciencia y tesón”.
La ILP propone «el uso prioritario de tierras agrícolas para la producción de alimentos, una obviedad que ha dejado de serlo, ya que las políticas actuales de acoso a la actividad agraria provocan el desistimiento de los productores, que malvenden o entregan lo más valioso, la tierra, a los lobbies que están ‘alicatando’ el campo de placas solares. Estos negocios sí gozan de todo tipo de estímulos públicos, y están acaparando tierra, incluso en parajes naturales de gran valor, que quedará inutilizada para los usos tradicionales».
También pide la protección de los regadíos, así como el acceso a insumos ganaderos a precios razonables y la protección de la actividad pesquera. También aboga por el imprescindible acceso de las comunidades rurales a servicios elementales como los que se tiene en áreas urbanas, como la digitalización, financiación e infraestructuras, con el fin de promover el anclaje de la actividad económica en estas comarcas e incluso la instalación de nuevos negocios. Sobre el agua, se pide un suministro estable para todos los territorios con la ejecución de un modelo hidrológico actualizado.
“Hay soluciones conocidas por todos, soluciones que contribuirían a garantizar precios estables y accesibles de los productos frescos de nuestros campos para todas las familias, la soberanía alimentaria de España y la contención de la frustrante y tristísima desaparición de toda forma de vida y actividad de pueblos y comarcas enteras”, explica Javier Poza, secretario general de SOS Rural. Las actuales políticas “españolas y europeas están haciendo imposible la rentabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas, de tal forma que su cierre masivo provoca subidas de precios en los alimentos, que se están convirtiendo en productos de lujo”, asegura.