La auditoría que el Gobierno encargó sobre la empresa pública Acuamed tres meses después de estallar el escándalo de corrupción contiene datos erróneos o engañosos. Esta auditoría se ha enviado desde el Ministerio de Agricultura al juez Eloy Velasco, que instruye la causa en la Audiencia Nacional, y se realizó ante la petición de la OLAF (Oficina Antifraude de la Unión Europea) de que se comprobase el uso de fondos comunitarios en las obras de la empresa sospechosa, según publica Quico Alsedo en elmundo.es.
La auditoría, cuyo resultado fue adelantado por eldiario.es, verifica los gastos de 13 obras. De la información que se ha revelado hasta ahora, la principal conclusión es que en las 13 obras -que aún no forman parte de la investigación judicial- hay un total de 17.954.881 euros con cuyo gasto no están conformes los auditores.
Al comprobar las partidas de obra con las que el auditor no está de acuerdo, y que por tanto suponen que ha habido un sobrecoste o un mal uso de los fondos destinados a la obra, hay una que destaca por encima de todas, con gran diferencia: la de Llosa del Cavall-Solsones, en la que los expertos destacan un gasto injustificado de más de ocho millones de euros.
Es decir, en una sola obra se achaca casi el 50% del dinero europeo total que en teoría se usó incorrectamente. Si bien el Ministerio de Agricultura no entra a valorar que se trate de gastos ilegales, sí podría suponer la descertificación de esa parte de las obras.
Pero hay un problema no tenido en cuenta por los auditores con esa obra de Llosa del Cavall-Solsones. La discrepancia consiste en que el proyecto original de la obra, que costaba unos 30 millones, incluía una tubería de unos ocho millones de euros.
La auditoría enviada a la Audiencia Nacional discrepa del gasto en mejoras técnicas en una tubería
En el proyecto inicial, se proyectó que esa tubería fuera de fundición. Sin embargo, en los pliegos se daba la opción a los concursantes de ofrecer mejoras técnicas, y la adjudicataria propuso como mejora técnica sustituir la tubería de fundición por una de acero, que es más eficaz para este tipo de conducciones.
Ofrecer la posibilidad de hacer mejoras técnicas es algo habitual en los concursos públicos, porque las ofertas se puntúan por dos baremos: la oferta económica y la técnica. En la primera, los aspirantes pueden mejorar el precio de sus competidores para obtener más puntos; en la segunda, proponer mejoras técnicas del proyecto, pero eso no significa modificar el precio final, porque se trata sólo de eso, de una mejora que puntúa más en la parte técnica para conseguir la adjudicación.
En este caso concreto, se aceptó por parte de Acuamed esa mejora técnica, e incluso el propio Ministerio de Agricultura, a través de la Dirección General del Agua, le dio también el visto bueno en junio de 2013, y así se reflejó también en el contrato de obra.
Finalmente, se presentó un proyecto modificado de la obra que incluía este cambio de tubería y otros cambios relevantes.
La auditoría enviada a la Audiencia Nacional discrepa del gasto en esa tubería, porque en sus conclusiones afirma que la tubería que se certificó era de fundición, pero la que se ha colocado es de acero.
Las conclusiones dicen que en el proyecto modificado «no se define qué tipo de mejora técnica supone el cambio de material [de la tubería] ni la trascendencia económica que tiene».
Lo erróneo de estas conclusiones es que las mejoras técnicas que suponía el cambio de tubería ya estaban explicadas (y aceptadas) en la oferta que hizo la adjudicataria, y la trascendencia económica no existe ni debe existir, porque ésta era una mejora técnica, no económica.
Pese al exhaustivo trabajo de Tragsa y el Colegio de Ingenieros de Caminos, que reclamaron numerosa documentación y realizaron muchas salidas de campo para hacer catas y comprobaciones en obras, ése es un dato clave que induce a error y duplica la cantidad de fondos sospechosos de mal uso.
Los gastos comprobados se refieren sobre todo a las principales partidas, que son las que superan los 300.000 euros. En cada obra analizada, las conclusiones se dividen en tres tipos: partidas de obra conformes, no conformes y no concluyentes. En el caso de Llosa del Cavall-Solsones, la no conformidad afecta al 34% del presupuesto.
Además, se da la circunstancia de que los responsables de esa obra son los denunciantes de la corrupción de Acuamed, con lo que una mala interpretación de la auditoría podría hacer recaer sospechas sobre ellos.