EFE.- En el momento en el que se produjeron los hechos, el hombre, cuya identidad corresponde con las iniciales M.L.S., era el alcalde pedáneo de Mosteirós.
Su defensa ha alcanzado un acuerdo con el Ministerio Fiscal, que en su escrito de acusación solicitaba 22 meses cárcel, una indemnización de 1,93 millones de euros por los gastos de extinción y los daños medioambientales que ocasionó el fuego en los montes de los municipios de Barjas, Oencia y Corullón.
La fiscalía pedía, además, además de una multa de 4.200 euros a razón de diez euros diarios durante 14 meses.
La decisión del pacto se justifica en la posibilidad de que la celebración del juicio derivase en una pena de cárcel superior a dos años dado que el acuerdo tiene en consideración como atenuante el informe del forense que indica que M.L.S padece un trastorno mental, una cuestión que podría variar durante el juicio.
"A tenor del informe médico forense y su declaración o modificación en el acto del juicio podría variar la pena e irnos a una superior a dos años, por lo que mi cliente podría entrar en prisión. Como letrado no puedo asumir ese riesgo y, muy a nuestro pesar, hemos aceptado la modificación del Ministerio Fiscal", ha declarado el abogado de la defensa, Miguel Angel Orallo, a los periodistas en el juzgado.
Además de la pena de prisión y los 1,1 millones con los que debe indemnizar a la Junta (de los que unos 500.000 corresponden a la valoración del impacto ambiental causado por el fuego y más 600.000 a los gastos de extinción), el condenado deberá indemnizar a los perjudicados por el incendio en las cantidades que estipule el juez en la ejecución de la sentencia, así como hacer frente a las costas procesales.
Los perjudicados, 14 personas en total, son propietarios de las fincas que arrasaron las llamas.
La defensa solicitó en su escrito previo de calificación la libre absolución del acusado al entender que no estaba demostrado que el hombre vaciase el contenido de su pipa al lado de un camino rural por el que se encontraba paseando, una cuestión que el Ministerio Fiscal consideraba probada.