Ha explicado que la situación actual de las aguas subterráneas es que la mayoría "siguen siendo privadas", una situación "claramente" contraria a la pretensión de la normativa en vigor que incide en su carácter público y en unificar el régimen jurídico de las aguas.

      A raíz de la puesta en marcha de la Directiva Marco de Agua (DMA), ha precisado, el papel de los regantes "tiende a experimentar un cambio importante", pues pasan como el resto de usuarios "a ser responsables del cuidado de los ecosistemas asociados al agua, lo que conlleva como consecuencia una necesaria gestión de las demandas de agua en contraposición a la tradicional oferta".

Adaptarse a la nueva situación y presionar para lograr cambios


     "Se hace necesario, por tanto, adaptarse a la nueva situación poniendo en práctica medidas que rentabilicen la actividad, modernizando en el sentido de asegurar las dotaciones a través de técnicas más racionales", ha dicho.

     Para todo ello, es importante, ha indicado, la constitución de las comunidades de regantes entorno a estas masas de agua subterráneas y proponer los cambios normativos suficientes para clarificar aspectos como el que "expresamente se obligue a integrarse en las comunidades de usuarios de aguas subterráneas a todos los titulares al uso de agua que capten el recurso, cualquiera que sea el título que ampare el derecho del uso de agua, y en tanto se trate de aprovechamientos de aguas públicas como privadas".

     Asimismo, entiende que se ha regular su participación y representación en los órganos de gobierno, administración y cooperación previstos en la ley de agua.

     Por último ha considerado que al objeto de clarificar las funciones específicas de las comunidades de aguas subterráneas "en riesgo" hay que modificar y ampliar determinados preceptos de la normativa de agua, debido a la naturaleza del recurso, el estado de la masa y las afecciones a los ecosistemas afectados.