Su objetivo es evitar el abandono de la tierra mediante una indemnización a los agricultores por los costes adicionales y la pérdida de ingresos de quienes continúan con la actividad agraria en zonas con dificultades naturales o de montaña de Castilla-La Mancha.
Los beneficiarios son agricultores a título principal (ATP), jóvenes agricultores a los que se haya reconocido ayuda para su incorporación a la actividad agraria o titulares de una explotación agraria calificada como prioritaria.
Según recoge la orden, el importe mínimo para el cobro de la ayuda son 300 euros y el máximo de 2.000 euros, mientras que la superficie mínima debe ser de dos hectáreas.