Extremadura llegó a un acuerdo en noviembre pasado con Castilla-La Mancha y Castilla y León, al que después se ha unido Madrid, para instaurar una licencia entre las comunidades que estén a favor del proyecto, de forma que tendría validez en las regiones firmantes una vez que se traslade a las normativas correspondientes de cada autonomía.
Cualquier cazador de las regiones firmantes podrá cazar en las demás pagando un recargo. Se trata de dar todas las facilidades para un sector que genera en la región 400 millones de euros, manifestó el consejero extremeño de Agricultura, José Antonio Echávarri, en la Sectorial de Agricultura de enero pasado.
El objetivo último de la licencia única es reducir la burocracia en el sector cinegético, al tiempo que se facilita la movilidad de los cazadores.
En el caso concreto de Extremadura, hay que tener en cuenta que una de cada cuatro licencias de caza corresponde a personas de fuera, ya sean de otras regiones o del extranjero, ha precisado el Ejecutivo.
Al margen de esta propuesta, Extremadura impulsa también la homologación de la licencia de caza con 18 países de la Unión Europea y siete comunidades autónomas