La Consejería de Medio Rural presentará en las próximas semanas al Consejo de Gobierno una modificación de la Ley de Caza de Cantabria, que permitirá al Ejecutivo regional hacerse cargo del pago de los daños que cause el lobo en toda la región, mientras que esta especie se podrá seguir cazando.

El consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, Jesús Oria, ha dado a conocer  este miércoles 19 la tramitación de este anteproyecto de ley que hará posible que el Gobierno de Cantabria abone los daños que produzca el lobo no solo en las zonas reserva regional de caza, sino también en los cotos privados, lo que hasta ahora no permitía la ley.

Los objetivos seguirán siendo hacer compatible la conservación del lobo, que no está en peligro de extinción

Todo ello sin cambiar la clasificación de esta especie y sin pasar a considerarla no cinegética, como se había previsto hasta ahora y se había recogido en el borrador de Plan de Gestión del Lobo en Cantabria que se sometió a información publica el pasado verano con el respaldo mayoritario de la Mesa del Lobo en la que participan ganaderos, ecologistas y cazadores.

Oria ha recalcado que este «nuevo escenario» no va a variar los objetivos de ese Plan de Gestión, que será el que establezca el cupo de ejemplares que se podrán cazar en función del estado de la especie.

Los objetivos seguirán siendo hacer compatible la conservación del lobo, que no está en peligro de extinción, ha puntualizado el consejero, con el mantenimiento de la ganadería en la región.

Lo que sí provocará este cambio será un encarecimiento del 15 por ciento en la póliza del seguro vigente hasta dentro de dos años que se va a revisar.

Con este seguro, se pagan las indemnizaciones a los ganaderos por los daños que el lobo provoca en las zonas de caza de Cantabria de titularidad pública, donde más presencia tiene esta especie y que representan el 34 por ciento de las zonas de caza.

En el resto del territorio regional, con la actual Ley de Caza de Cantabria, las indemnizaciones por daños del lobo al ganado las tienen que pagar los propietarios de los cotos, si bien hay quien no se hace cargo, según ha reconocido el director general del Medio Natural, Antonio Lucio, que ha acompañado a Oria en la rueda de prensa.

El consejero ha defendido que esta medida, avalada por los servicios jurídicos del Gobierno de Cantabria, responde a uno de los «puntos claves» de debate en la elaboración del Plan de Gestión del Lobo, que es la consideración de esta especie, que actualmente puede ser objeto de caza deportiva.

También responde, ha añadido, a la diferenciación en el pago de las indemnizaciones por los daños del lobo, que ha sido, según ha asegurado, «uno de los principales condicionantes» que la Consejería de Medio Rural se ha encontrado a la hora de elaborar ese plan.

Oria ha avanzado que en los próximos días se convocará una reunión extraordinaria de la Mesa del Lobo para explicar este cambio que se introducirá en el Plan de Gestión del Lobo, antes de someterlo de nuevo a información pública.

«El que la especie sea cinegética no significa que el lobo se pueda cazar en toda la región sin ningún tipo de control»

De forma paralela, tras su paso por el Consejo de Gobierno, el anteproyecto de modificación de la Ley de Caza de Cantabria se elevará al Parlamento regional, donde espera contar con el apoyo mayoritario para poder aprobarlo «a la mayor brevedad».

Lucio, quien ha reconocido «presiones» por todas las partes que participan en la Mesa del Lobo, ha defendido que la «ventaja principal» de esta modificación será contar con los cazadores en la gestión de la especie, mientras que será el Gobierno el que establezca el cupo de ejemplares en toda la región, incluso en los cotos privados.

«El que la especie sea cinegética no significa que el lobo se pueda cazar en toda la región sin ningún tipo de control, sino que esos criterios los va a establecer la administración», ha recalcado el director general de Medio Natural, quien ha destacado también el peso que ha tenido en la medida la responsabilidad de los daños.

A este respecto, Lucio ha destacado que el Gobierno ha tramitado ya prácticamente los 600 expedientes por daños que estaban paralizados desde la anterior legislatura, de los que se han abonado cerca del 90 por ciento, mientras que el resto se ha desestimado, excepto unos 20 que todavía se están estudiando.

La Consejería tiene, además, unos 200 expedientes por daños exclusivamente en la reserva regional de caza pendientes de tramitación desde noviembre del año pasado, según ha detallado el director general de Medio Natural, quien ha resaltado que el tiempo de pago medio es de entre 3 y 5 meses.