La lucha contra la despoblación es una constante no sólo de muchas Comunidades Autónomas sino de la propia Comisión Europea y no hay un mes en el que no haya un encuentro para buscar soluciones a esta situación. Sin embargo, como tantas otras cosas, las alternativas que llegan por una vía menos oficial, pero que da resultados, acaban en los tribunales. Este es el caso de Fraguas, en Guadalajara, un pueblo abandonado en 1968 y que desde 2013 ha sido rehabilitado por okupas, hasta el punto de reconstruir tres casas con otras tres en proceso de construcción y que ahora pueden ser derruidas tras una denuncia de la Junta de Castilla-La Mancha.
Con la ley en la mano, los jóvenes que han ocupado estos terrenos, que son de titularidad pública y no privada, han incumplido la legislación. Con el sentido común en la mano, sólo han rehabilitado con sus propios medios un pueblo que estaba muerto. Todo un sinsentido en la lucha contra una despoblación que, al parecer, aún tiene que definir muy bien cuáles son sus objetivos y los medios para conseguirlos.
Este colectivo de Fraguas, que tambien está haciendo de este conflicto un ejemplo de la lucha del movimiento okupa, ha creado una plataforma en Change.org para intentar salvar su pueblo después de que fueran instados a abandonar «nuestros sueños por agentes medioambientales y guardias civiles con amenazas y multas», lo que ha provocado que varios de ellos acumulen ya miles de euros en multas, según han hecho público en un comunicado.
En junio de 2015 se les llamó a declarar a 6 de ellos al juzgado de instrucción n 4 de Guadalajara acusados de usurpación de monte público, para añadir posteriormente la Junta de CLM en su escrito de acusación los delitos contra la ordenación del territorio y daños, amenazando con demoler las casas que ahora están en pie.
En total se pide a cada uno de los acusados 600 euros como pena multa por usurpación, 2 años de carcel por el delito contra la ordenación del territorio más 2.250 euros por este delito y 2 años de cárcel por daños más 26.779,17 para sufragar la demolición. Tras haber recibido los escritos de acusación están pendientes de que les notifiquen la fecha del juicio oral.
(Fotos: Colectivo Fraguas)