El Gobierno tiene previsto revisar los valores catastrales de las construcciones rústicas en 2017, dentro de una reforma general de la ley de financiación autonómica y local, según ha manifestado este miércoles 15 el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, en el Congreso de los Diputados.
Los impuestos sobre edificaciones rústicas y su «identificación», para «evitar perjuicios a las explotaciones agrícolas», formarán parte de los análisis y debates tributarios de esa reforma sobre la financiación local, ha detallado Montoro, en respuesta a una interpelación de Esquerra Republicana (ERC).
El diputado de ERC Xavier Eritja ha preguntado sobre la regulación catastral del valor de las edificaciones rústicas, agrícolas o ganaderas, y ha insistido en la necesidad de una modificación y de una «ponencia específica», pues los impuestos actuales son «excesivos» y un «agravio» para el propietario rural.
Montoro ha remarcado, en el Pleno del Congreso, que es previsible dicha revisión «con el apoyo de los grupos políticos».
Pero ha aprovechado el debate para criticar a ERC y a la Generalitat catalana, «en donde el grupo está presente», por no «enviar ni siquiera un experto», ni participar adecuadamente en los debates sobre el futuro de la financiación autonómica.
«Celebro la interpelación de hoy, entiendo que ahora ERC quiere colaborar y participar parcialmente en la reforma de la financiación local (por la ponencia sobre el catastro de las fincas rústicas), donde ustedes, por otro lado no quieren estar», ha recalcado.
En su intervención, Eritja se ha referido a una regularización acometida entre 2013 y 2016 sobre valores catastrales de las construcciones rústicas.
Se acabará con ejemplos como que balsa de riego sea considerada como una piscina y una granja abandonada como una nave industrial
Ha remarcado que en ese proceso se igualaron baremos para las valorar fincas rústicas y urbanas, lo que en la práctica ha supuesto «desigualdades» y perjuicios para el propietario rural a la hora de pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
Como ejemplos, el diputado de ERC ha señalado que una balsa de riego es considerada como una piscina y una granja abandonada o un almacén como una nave industrial.
Otra consecuencia es, a su juicio, el «incremento patrimonial», que luego perjudica a un agricultor cuando quiere solicitar becas para su familia o ayudas, aspecto que también han denunciado algunas organizaciones agrarias.
Montoro ha recordado los términos de aquella regularización, por razones de «justicia tributaria», en la que se otorgó valor a construcciones rústicas «indispensables» para desarrollar explotaciones agrícolas, porque pasaron de no tener que tributar a una calificación según la determinada para las urbanas del municipio.
Eritja ha criticado que aquella igualación de valores se hizo como «opción rápida» y «con afán recaudatorio» para «salir de la crisis» y «financiar ayuntamientos y al Estado».
Montoro ha pedido al diputado de ERC que «no confunda» porque se trata de una recaudación que efectúan e ingresan «los ayuntamientos» y la gestión de este patrimonio «está cedida a las comunidades autónomas respectivas».